El Gobierno está bajo la lupa de un juzgado por autorizar operaciones militares extranjeras en el territorio nacional

El Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo Oral del Circuito de Medellín admitió una acción de tutela presentada por Walter Leandro Aguirre Mazo contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa Nacional, relacionada con el anuncio del 12 de agosto de 2026 sobre la eventual participación de personal militar extranjero en operaciones en territorio colombiano.

La decisión fue adoptada mediante un auto fechado el 26 de agosto, después de que el expediente fuera remitido por el Consejo de Estado .

El documento señala que la tutela fue presentada por Aguirre Mazo al considerar que determinadas actuaciones de las entidades accionadas podrían vulnerar derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política.

El juzgado determinó que la solicitud cumplía los requisitos establecidos en el artículo 86 de la Constitución Política y, por esa razón, admitió formalmente la acción de tutela.

La admisión no representa una decisión de fondo sobre la presunta vulneración de derechos, sino el inicio del trámite judicial para que las entidades involucradas entreguen información y ejerzan su derecho de defensa.

En la tutela, el accionante solicitó al juez adoptar una medida provisional para suspender los efectos operacionales de cualquier autorización, instrucción, memorando, acuerdo, comunicación o decisión derivada del anuncio del 12 de agosto, cuando esta habilitara a personal militar extranjero para realizar operaciones militares conjuntas con empleo directo de fuerza armada en territorio, aguas jurisdiccionales o espacio aéreo colombiano.

La solicitud también incluía que la Presidencia, el Ministerio de Defensa y el Comando General de las Fuerzas Militares se abstuvieran de iniciar, ejecutar, facilitar o permitir ataques, bombardeos, incursiones, operaciones cinéticas, empleo de fuerza letal, capturas, detenciones o despliegues armados con función operacional directa sustentados en la autorización cuestionada.

Además, Aguirre Mazo pidió que las entidades entregaran al despacho, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación, copia íntegra del acto o instrumento que contuviera o desarrollara la autorización anunciada, junto con sus anexos y antecedentes.

También solicitó información sobre la naturaleza jurídica del instrumento, la autoridad colombiana que impartió la autorización, el número de efectivos extranjeros previsto, las áreas geográficas, el periodo de ejecución, la cadena de mando y las reglas de enfrentamiento, entre otros aspectos.

Sin embargo, el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo Oral de Medellín negó, por ahora, la medida de protección provisional .