Peramato urge a reformar la ley para atribuir la investigación a los fiscales en los casos penales

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha urgido a acometer una reforma integral del proceso penal en España para atribuir la investigación de los delitos al Ministerio Fiscal y ha defendido un modelo acusatorio con un juez de garantías subrayando que los fiscales disponen de una visión estatal sin "limitaciones territoriales" y de "una especialización de la que carecen los jueces".

Durante su intervención en el foro 'Justicia: La reforma de la Fiscalía' en el Ateneo de Madrid, Peramato ha defendido que este cambio es "fundamental" para garantizar la separación de funciones entre investigar y juzgar.

Además, ha calificado la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), vigente desde 1882, de modelo "obsoleto" y "decimonónico" que resulta incapaz de responder a la criminalidad organizada, transnacional, digital o a los desafíos de la inteligencia artificial.

Apelando al artículo 117 de la Constitución Española, ha remarcado que este encomienda a la judicatura la función de "juzgar y hacer ejecutar lo juzgado", precisando que "investigar no es juzgar ni ejecutar lo juzgado".

Por ello, ha sostenido que el seguimiento e investigación debe recaer en el fiscal.

JUEZ DE GARANTÍAS Peramato ha tachado de "absolutamente incompatible e injustificable" que un mismo juez dirija la investigación y, simultáneamente, autorice medidas de injerencia en derechos fundamentales --como entradas y registros, intervenciones telefónicas o de correos electrónicos-- o decrete medidas cautelares privativas de libertad como la prisión provisional o las órdenes de alejamiento.

A su juicio, esa duplicidad merma la imparcialidad del juzgador, por lo que ha propuesto sustituir la instrucción judicial por la figura de un "juez de garantías" o de audiencia preliminar que controle la legalidad y proporcionalidad de las actuaciones.

Asimismo, ha aclarado que la propuesta no responde a una "reivindicación corporativa" ni a "quitarle el poder a los jueces para dárselo a los fiscales", sino a un proceso de maduración para "fortalecer el Estado de derecho".

Además, ha recordado que, mientras el resto de leyes procesales (Civil, Laboral, Contencioso-Administrativa) se han reformado tras la Constitución, la LECrim continúa siendo la única pendiente de una reforma integral.

La fiscal general ha lamentado que la reforma planteada por el Gobierno esta legislatura --que contó con un informe "brillante" del Consejo Fiscal, consultas a toda la carrera y contactos con fiscalías europeas e iberoamericanas-- haya decaído en el trámite parlamentario debido al adelanto electoral.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ORGANIZACIONES CRIMINALES Peramato ha señalado que España es una "rara avis" al mantener el modelo de juez instructor, compartido en Europa únicamente con Andorra.