Más de 18 mil menores estarían en situación de calle en Honduras ante carencia de respuesta integral

Wilmer Vásquez, director de la Red Coordinadora de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños y Adolescentes , explicó que en Honduras no existe una cifra oficial que permita determinar con precisión cuántos menores viven en esta condición.

Por ello, la estimación supera actualmente los 18 mil niños y adolescentes.

El representante señaló que esta población puede ser localizada en semáforos, debajo de puentes, aceras y otros espacios públicos , donde diariamente enfrenta condiciones de vulnerabilidad.

A su criterio, la presencia de menores en estos lugares se ha convertido en una situación que parte de la sociedad ha terminado por normalizar .

Vásquez recordó que durante la pandemia de COVID-19 , varias organizaciones, entre ellas Casa Alianza y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, presentaron un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia , debido a que las medidas sanitarias implementadas en ese momento no podían ser cumplidas por los menores que carecían de un hogar.

Entre las disposiciones establecidas durante la emergencia sanitaria se encontraban medidas como “quédate en casa” y el lavado constante de manos , instrucciones que resultaban imposibles de acatar para quienes permanecían en las calles y no contaban con condiciones básicas de vivienda.

Como resultado de ese proceso judicial se emitió una sentencia considerada histórica , mediante la cual se establecieron una serie de obligaciones para el Estado hondureño orientadas a garantizar la protección de los derechos de la niñez que permanece en situación de calle.

Una de las principales disposiciones contempla la realización de un levantamiento de información a nivel nacional que permita conocer con exactitud cuántos menores se encuentran en esta condición, además de identificar las zonas del país donde existe una mayor concentración de esta población.

La resolución también establece la necesidad de identificar a las organizaciones que actualmente brindan atención a los menores en situación de calle.

De acuerdo con Vásquez, el Estado debe proporcionar a estas instituciones los recursos financieros y logísticos necesarios para que puedan continuar desarrollando su labor de protección y acompañamiento.

La sentencia también plantea la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional y avanzar en la construcción de una política nacional para la niñez en situación de calle , con medidas permanentes que permitan atender las causas del problema y garantizar los derechos fundamentales de los menores.

Sin embargo, Vásquez lamentó que, pese a las disposiciones establecidas, no se hayan registrado avances significativos para cumplir con estas obligaciones.