La Policía desmantela una acampada por la vivienda en Oporto
Lisboa, 12 oct (EFE).- La Policía desmanteló este lunes una acampada contra la crisis de la vivienda y el aumento del coste de la vida instalada desde el sábado en la ciudad portuguesa de Oporto, cuyos participantes prometieron regresar.
La Policía Municipal de Oporto, acompañada por el cuerpo de intervención de la Policía de Seguridad Pública (PSP), retiró a primera hora de esta mañana todas las tiendas que permanecían en la plaza de D.
João I, frente al teatro Rivoli.
Algunas tiendas fueron introducidas en un vehículo municipal y otras fueron desmontadas por los propios participantes, que inicialmente se negaban a abandonar el lugar y protestaron por el dispositivo policial.
Uno de los responsables de la movilización explicó que los manifestantes terminarían cumpliendo las órdenes de las autoridades porque no habían solicitado permiso al Ayuntamiento para instalar la acampada.
Los organizadores denunciaron en su cuenta de Instagram, @acampadaporto, que la intervención suponía un ataque al derecho a la vivienda y llamaron a la movilización, al tiempo que prometieron regresar.
Más de medio centenar de personas habían pasado dos noches en la plaza, donde llegaron a instalar entre 40 y 50 tiendas, además de espacios destinados al almacenamiento de alimentos y a prestar atención sanitaria.
La protesta comenzó el sábado tras una manifestación por el derecho a la vivienda que reunió en Oporto a unas 1.500 personas, según cifras policiales recogidas por los medios portugueses.
Los acampados celebraban asambleas populares cada tarde para decidir la continuidad de la movilización y reclamaban una reducción de los alquileres, límites máximos para las rentas y la ampliación del parque público de vivienda.
La protesta se produce cuando Portugal afronta semanas decisivas para su política habitacional, con una reforma de los alquileres pendiente de tramitación parlamentaria y un proyecto de Presupuesto para 2027 que promete financiar la construcción o rehabilitación de 45.000 viviendas.
La reforma impulsada por el Gobierno conservador de Luís Montenegro pretende agilizar la resolución de contratos y los desalojos, ampliar la libertad para pactar anticipos y garantías y eliminar restricciones sobre la actualización de la renta cuando cambia el inquilino.
Estas medidas llegan en un contexto de fuerte presión inmobiliaria: los nuevos alquileres aumentaron un 10,2 % interanual durante el segundo trimestre y el precio de compra de la vivienda se disparó un 16,5 %, la mayor subida registrada en la Unión Europea.
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