Consejo de Estado ordenó formular una nueva política farmacéutica nacional para regular los precios de los medicamentos y garantizar su acceso

El Consejo de Estado ordenó avanzar en la formulación de una nueva política farmacéutica nacional que responda a las dificultades en el control de precios, el desabastecimiento y las deficiencias en la inspección, vigilancia y control de los actores que participan en la cadena de producción y comercialización de estos productos.

La decisión fue por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, al resolver los recursos de apelación dentro de una acción popular presentada por la Procuraduría General de la Nación .

La corporación confirmó, en lo fundamental, la sentencia que había emitido el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 12 de diciembre de 2024, mediante la cual se ampararon los derechos e intereses colectivos relacionados con la seguridad y salubridad públicas, la protección del patrimonio público, el acceso eficiente y oportuno a los servicios de salud y los derechos de los usuarios y consumidores.

El fallo atribuyó la vulneración a varias entidades del estado : el Ministerio de Salud y Protección Social, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, las superintendencias de Industria y Comercio y Nacional de Salud, y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

Una política que responda a las fallas del mercado farmacéutico Para desarrollar la nueva política, el Consejo de Estado dispuso la conformación de una mesa de trabajo liderada por el Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

En el proceso también deberán participar los ministerios de Comercio, Industria y Turismo, y de Ciencia, Tecnología e Innovación; la Adres; representantes de la industria farmacéutica, mayoristas, entidades promotoras de salud (EPS), instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes, centros académicos y la Procuraduría General de la Nación, entre otros actores.

La sentencia precisó que la política podrá adoptarse mediante un documento Conpes que actualice el número 155 de 2012 o a través de otro instrumento jurídico idóneo.

En cualquiera de los casos, deberá establecer los lineamientos, las acciones para atender los problemas identificados y los mecanismos de financiación necesarios para implementar las medidas .

Uno de los argumentos centrales de la decisión es que el documento Conpes 155 de 2012, que estableció los lineamientos de la política farmacéutica nacional, tuvo vigencia hasta 2021.

Según el análisis de la corporación, durante el proceso judicial no se demostró la existencia de una política posterior que ofreciera una respuesta integral a las dificultades examinadas.