Comunidades indígenas en Chiapas exigen rechazo total a la autopista Palenque-San Cristóbal; acusan imposición

Comunidades tseltales integrantes del Gobierno Comunitario de Chilón, en Chiapas , denunciaron públicamente actos de hostigamiento, vigilancia con drones e ingreso de personal técnico a sus tierras sin su consentimiento, en el contexto del proyecto carretero que uniría Palenque con San Cristóbal de las Casas .

A través de un comunicado urgente fechado el 18 de septiembre, los pobladores reiteraron su oposición absoluta a la construcción de la vía y pidieron a organismos de derechos humanos , medios independientes y autoridades de los tres niveles de gobierno mantenerse atentos ante la situación.

Según el documento, difundido por e l Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, entre la noche del 17 y la mañana del 18 de septiembre se registró de nueva cuenta el sobrevuelo de drones sobre el territorio, hechos que, según testimonios de la población generan temor entre las familias, particularmente porque coinciden con l a presencia constante de personas vinculadas a la obra .

Los pobladores señalan que se han visto obligados a organizar rondines y guardias permanentes para impedir el ingreso de personas ajenas a la zona sin su autorización.

El mismo 18 de septiembre, de acuerdo con el escrito , un grupo de ingenieros volvió a ingresar a las parcelas comunitarias sin previo aviso, lo que motivó una nueva movilización de los habitantes para exigir explicaciones.

Las comunidades sostienen que su postura de rechazo ya había sido comunicada previamente tanto al delegado de Gobierno como al equipo de ingeniería responsable del proyecto, por lo que consideran que estas acciones representan una imposición reiterada pese a la negativa expresada.

Amenazas y hostigamiento contra quienes defienden sus parcelas El comunicado advierte que compañeros y compañeras que defienden sus terrenos continúan siendo objeto de amenazas, incluida la posibilidad de ser encarcelados .

Las comunidades responsabilizan a los tres niveles de gobierno, así como a las empresas interesadas, caciques y personas con poder político en la región , de cualquier agresión, violación de derechos o afectación a la integridad y vida de quienes participan en la resistencia.

Además, acusan que se ha intentado presionar a integrantes de las comunidades para obtener firmas o documentos que simulen acuerdos colectivos inexistentes, práctica que rechazan de manera tajante.