“Ley penal en blanco”: tras el rechazo del campo, el Gobierno asegura que el proyecto de ecocidio no será tratado

En medio de la fuerte preocupación que generó en el sector agropecuario el proyecto de ley que propone incorporar la figura del ecocidio al Código Penal , Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), intentó llevar calma al campo y aseguró que la iniciativa no será tratada en el recinto.

La definición llegó luego de que la propuesta obtuviera dictamen favorable en junio pasado y despertara fuertes cuestionamientos de entidades rurales, que advirtieron sobre el riesgo que implicaría para la seguridad jurídica, el derecho de propiedad y el desarrollo productivo.

“La idea es no tratarlo”, le dijo Bullrich a LA NACION al ser consultada sobre el proyecto impulsado por la senadora por Chubut Edith Terenzi, que recibió respaldo de legisladores de fuerzas provinciales y de algunos sectores vinculados al peronismo.

Ruta del cereal: reactivaron una obra clave para el campo bonaerense que atraviesa 650.000 hectáreas productivas La iniciativa había obtenido dictamen favorable el pasado 9 de junio en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado.

Sin embargo, tras la repercusión que generó el texto, los senadores de La Libertad Avanza (LLA) que inicialmente habían acompañado el despacho solicitaron retirar sus firmas.

En ese momento, Bullrich ya había anticipado que el proyecto sufriría cambios sustanciales.

“El proyecto va a tener muchas modificaciones; prácticamente va a ser otro proyecto”, sostuvo.

“Impacto económico y ambiental”: tras detectar el picudo rojo en Entre Ríos, el Gobierno amplió la emergencia fitosanitaria hasta 2028 En ese contexto, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) difundió un duro comunicado en el que cuestionó tanto el contenido del proyecto como su técnica legislativa.

“La protección del ambiente constituye un objetivo irrenunciable y un compromiso de toda la sociedad.

Sin embargo, ese propósito no puede servir de fundamento para impulsar normas penales imprecisas, técnicamente deficientes y potencialmente incompatibles con la Constitución Nacional”, señaló la entidad.

CRA sostuvo que el país ya dispone de herramientas legales suficientes para proteger el ambiente.

“Resulta incorrecto afirmar que existe un vacío legal en materia ambiental.

La Argentina cuenta con un amplio entramado normativo, integrado por la Ley General del Ambiente, la Ley de Residuos Peligrosos y numerosas leyes provinciales”, afirmó.

Para la entidad que preside Carlos Castagnani, el problema no radica en la ausencia de normas sino en su aplicación: “El verdadero desafío no es crear nuevos delitos con definiciones ambiguas, sino hacer cumplir eficazmente la legislación vigente”.