El pueblo votó echarlos, se negaron a irse y ahora la Justicia los obliga a abandonar sus cargos: el escándalo político que sacude a Avenal

La ciudad de Avenal pone fin a meses de incertidumbre política.

Tras una prolongada resistencia, los funcionarios municipales destituidos en abril abandonarán sus cargos luego de que un fallo judicial determinara que su permanencia en el poder carecía de legalidad.

La jueza Jennifer Giuliani , del Tribunal Superior del Condado de Kings, dictaminó el lunes 24 de agosto que los cuatro concejales “no ocupan ni ejercen legalmente sus respectivos cargos” , según informó The New York Times .

Según la magistrada, las posiciones están vacantes desde el 28 de mayo, fecha en que las autoridades certificaron los resultados de la elección.

El origen de la tensión La crisis estalló cuando el alcalde Alvaro Preciado y los concejales Leticia Gamez , David Reynosa y Pablo Hernandez ignoraron el mandato popular.

El grupo argumentó que el proceso electoral carecía de autorización y se mantuvo en funciones, lo que derivó en una de las disputas por destitución más complejas en la historia reciente de California .

En su resolución, la jueza Giuliani fue tajante: “El tribunal debe defender la voluntad del electorado y los votantes de Avenal se han expresado de forma decisiva” .

La autoridad reconoció la existencia de una irregularidad procedimental en la realización de la votación, pero aclaró que este detalle no afectó el mérito ni el resultado final del proceso, señala The New York Times .

El administrador de la ciudad, Antony V.

López , quien apoyó públicamente a los funcionarios, confirmó que estos acatarán la orden y dejarán sus puestos de inmediato.

Ante la salida de los cuatro ediles, el cuerpo legislativo quedará con un solo integrante, Ricardo Verdugo , por lo que la ciudad carecerá de cuórum para sesionar hasta después de las elecciones generales del 3 de noviembre, indica The New York Times.

Un proceso marcado por la tensión El conflicto comenzó el año pasado impulsado por residentes como Dalila Barajas , quienes denunciaron falta de transparencia en la gestión municipal y temores sobre una posible contaminación ambiental provocada por el vertedero local.

En abril, más del 76% de los votantes respaldó la destitución de los cuatro representantes.

La negativa de los ediles a abandonar sus asientos obligó a los organizadores a recurrir a una demanda de tipo quo warranto (recurso legal usado para resolver disputas sobre el derecho de un funcionario a ocupar un cargo).