El proyecto por Malvinas incorpora un delito por «desinformación» y genera críticas opositoras

La iniciativa del Gobierno para reforzar la defensa de la soberanía sobre Malvinas quedó bajo cuestionamiento de distintos bloques opositores por un artículo que incorpora penas de hasta 12 años de prisión para quienes realicen campañas de “desinformación masiva” financiadas o impulsadas por actores extranjeros.

Según detalló La Nación, el proyecto, que ingresó este jueves a la Cámara de Diputados, propone modificar el artículo 225 bis del Código Penal para sancionar con entre cinco y 12 años de cárcel a quienes, “por cuenta, orden o financiamiento” de un Estado, organización o agente extranjero, alteren procesos electorales o manipulen a la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación.

El texto también contempla penas de entre ocho y 15 años para quienes promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado o sus habitantes cuando intervengan amenazas, sobornos, coerción o estructuras criminales.

El alcance de la figura penal generó reparos entre legisladores opositores y constitucionalistas , que cuestionaron la amplitud de sus términos y advirtieron sobre un eventual uso contra dirigentes, periodistas u organizaciones civiles. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, sostuvo que se trata de “un nuevo tipo de delito lleno de ambigüedades” y cuestionó que la iniciativa vincule esa herramienta con la cuestión Malvinas.

Desde Unión por la Patria también cuestionaron el artículo y mencionaron al exasesor presidencial Fernando Cerimedo como ejemplo de las conductas que podrían quedar alcanzadas.

Organizaciones como Poder Ciudadano expresaron una preocupación similar y señalaron que la lucha contra la desinformación podría derivar en restricciones para periodistas y entidades de la sociedad civil. El proyecto será debatido en comisiones durante la semana del 7 de octubre.

La iniciativa del Gobierno para reforzar la defensa de la soberanía sobre Malvinas quedó bajo cuestionamiento de distintos bloques opositores por un artículo que incorpora penas de hasta 12 años de prisión para quienes realicen campañas de “desinformación masiva” financiadas o impulsadas por actores extranjeros.