De 12 años de cárcel a la absolución: qué penas pide la Fiscalía por la muerte de Maradona
Buenos Aires, 8 oct (EFE).- La Fiscalía solicitó este jueves penas de entre cuatro y doce años de prisión para seis de los siete profesionales de la salud acusados por la muerte de Diego Armando Maradona y pidió la absolución del restante, al considerar que no tuvo responsabilidad en las decisiones sobre el tratamiento del astro.
Durante sus alegatos finales, los fiscales describieron la atención domiciliaria que recibió Maradona durante sus últimas dos semanas de vida como un tratamiento "anárquico", marcado por la "desorganización absoluta", y atribuyeron a los acusados distintas acciones y omisiones que, según sostuvieron, contribuyeron a su fallecimiento.
Estas son las penas solicitadas para cada uno de los siete imputados y los principales argumentos expuestos por la Fiscalía para fundamentar sus pedidos: El neurocirujano Leopoldo Luque fue señalado como el médico de cabecera de Maradona por una cantidad de prueba "abrumadora", en palabras de la Fiscalía, que lo consideró uno de los dos jefes de un tratamiento domiciliario "caótico", "deficiente" y "temerario".
"Luque hizo todo lo posible para que las cosas salgan mal", afirmó el fiscal Patricio Ferrari y lo acusó de no profundizar en los estudios recomendados por un cardiólogo, no gestionar el ingreso del paciente en un centro de rehabilitación especializado y de disponer el traslado a una vivienda sin condiciones para un tratamiento de alta complejidad, como correspondía a la vulnerabilidad del paciente.
La Fiscalía solicitó para él doce años de prisión y diez de inhabilitación profesional por el delito de homicidio simple con dolo eventual.
Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa de medicina privada Swiss Medical, fue señalada como la otra responsable del tratamiento que recibió el ídolo en aquella vivienda.
"No verificó las condiciones edilicias y funcionales del lugar a donde llevaron a Maradona, no dotó al domicilio de equipamientos mínimos para reanimación, electrocardiograma, laboratorio o ambulancia, ni profesionales especializados", consideró el fiscal.
A su vez, destacó que "generó desconexión entre todos los profesionales", que no compartía con los médicos los informes diarios de enfermería y que no actuó ante la hipertensión y la taquicardia registradas durante la semana previa a la muerte.
La Fiscalía pidió para ella diez años de prisión y otros diez de inhabilitación por el delito de homicidio simple con dolo eventual.
Al igual que Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov fue acusada de no gestionar el ingreso del paciente en una clínica y de disponer un tratamiento domiciliario en una "vivienda inadecuada" y "sin luego verificar su viabilidad".
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