El Ministerio Público lleva a juicio al exministro de Hacienda de República Dominicana por supuesta defraudación millonaria

El Ministerio Público de República Dominicana presentó una acusación en juicio contra el exministro de Hacienda Ángel Donald Guerrero Ortiz y otros procesados por su presunta participación en una estructura que habría defraudado al Estado por más de 19,000 millones de pesos (USD 322,101.49), en perjuicio de los contribuyentes.

La acusación fue presentada esta semana ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, mediante un alegato de apertura encabezado por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público.

También participaron Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y los fiscales Rosa Ysabel, Miguel Collado, Miguel Crucey, Jhensi Víctor, Melbin Romero, Rosa Alba García, Arolin Lemos y Elvira Rodríguez.

Durante la audiencia, Ortiz expuso las conclusiones de la acusación y afirmó que las pruebas reunidas por el órgano acusador permitirán demostrar los métodos utilizados por los procesados para cometer los delitos que se les atribuyen.

“Esta estructura criminal utilizó el Estado como instrumento, la corrupción como método, el lucro y la permanencia en el poder como finalidad”, dijo Camacho al iniciar el alegato de apertura del proceso.

La titular de la Pepca sostuvo que la investigación está respaldada por pruebas testimoniales y periciales que serán presentadas durante el juicio.

“ Frente a la contundencia de estas pruebas, este tribunal tendrá que condenar a cada uno de los imputados con las penas que, en su momento, vamos a solicitar ”, afirmó.

Según la acusación, los procesados habrían obtenido recursos públicos mediante distintos mecanismos presuntamente fraudulentos .

Ortiz mencionó entre ellos supuestas irregularidades en pagos por expropiaciones , reconocimientos de deudas sin causa lícita y secciones de créditos que , de acuerdo con la Fiscalía, habrían sido utilizadas para transferir fondos públicos a personas y sociedades que no eran sus verdaderos destinatarios.

La procuradora explicó que, después de obtener el dinero, los recursos habrían sido ocultados, simulados o incorporados al patrimonio de los beneficiarios mediante operaciones destinadas a encubrir su origen y naturaleza .

También señaló que se habrían utilizado personas físicas como presuntos testaferros y sociedades comerciales que desaparecían después de cumplir la función para la que fueron creadas.

“El Ministerio Público demostrará que determinadas secciones de créditos fueron utilizadas para transferir fondos públicos a personas y sociedades que no eran los verdaderos destinatarios”, declaró Ortiz ante el tribunal.