Escándalo por presunta estafa en concesionario Ferrari en Bogotá quedó en manos de la Fiscalía: los acusan de cinco delitos

La Fiscalía General de la Nación abrió un proceso por estafa, hurto, abuso de confianza, administración desleal y concierto para delinquir contra Autos Italianos de Colombia, sus antiguos socios y la firma que adquirió sus acciones, tras denuncias de compradores de la lujosa marca Ferrari que pagaron vehículos que permanecen en una zona franca de Panamá y recursos que no les habrían sido restituidos.

Los clientes aseguran haber transferido hasta 2.200 millones de pesos cada uno antes de que la marca italiana cancelara la representación de la concesionaria en Colombia y Panamá , según documentos obtenidos por El Tiempo .

De momento, la investigación está en la Unidad de Delitos Contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía y alcanza a Autos Italianos de Colombia S.A., a sus socios Jorge Enrique Carvajales Orozco y los mexicanos Sergio de a Vega y Erik Stolberg.

También fueron denunciados Alfonso Salume, señalado como nuevo adquirente de la compañía, y Autos de Alta Gama Holdings, que terminó con las acciones de la anterior representante de Ferrari en el país.

La matriz de Ferrari decidió retirar la representación a la concesionaria luego de que esta fuera vendida a terceros sin autorización.

La medida suspendió la entrega de varios automóviles que ya habían sido pagados de forma total o parcial por compradores de la vitrina ubicada en la calle 103 con carrera 19, en el norte de Bogotá.

Los responsables del establecimiento, que también ofrecía servicios de mantenimiento y taller, sostienen que vendieron la concesión por una deuda y que responderán por los recursos recibidos.

Además, los empresarios involucrados niegan conductas irregulares.

Vehículos retenidos y recursos para la importación Uno de los casos incluidos en las denuncias conocidas por El Tiempo se remonta a enero de 2025, cuando un cliente adquirió un Ferrari 296 GTS HB modelo 2024 por 560.000 dólares, equivalentes entonces a unos 2.271 millones de pesos.

De ese monto, 479.000 dólares correspondían al valor neto facturado del automóvil y 80.000 dólares más se destinaron a impuestos de nacionalización y trámites aduaneros.

La concesionaria habría calculado posteriormente los costos reales de importación y determinó un saldo de 72.000 dólares, unos 285 millones de pesos, que debía permanecer bajo custodia para cubrir los tributos necesarios para traer el vehículo a Colombia.

Otro empresario colombiano vinculado al sector de los restaurantes presentó una denuncia con hechos similares.

Ambos compradores coinciden en que Autos Italianos de Colombia recomendó trasladar los vehículos a una zona franca panameña para facilitar gestiones comerciales, pero las ventas no se concretaron y los automóviles quedaron en una bodega del istmo.