Solo 1,3% de las denuncias contra jueces federales y nacionales terminaron en sanción o remoción

Solo 1,3% de las denuncias presentadas contra jueces federales y nacionales en el Consejo de la Magistratura terminaron con un castigo al denunciado, según revela un informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia ( ACIJ ), que analizó los 27 años de funcionamiento del Consejo.

En total, las denuncias fueron 5170; se cerraron 4910, siguen en trámite 260, se aplicaron sanciones disciplinarias a 43 jueces (21 multas y 22 apercibimientos) y se destituyó a 21.

De los casos que se cerraron, 469 (9,55%) fueron desestimados por el mero paso del tiempo.

Caducaron.

Según lo establece la ley, si pasan tres años contados desde la fecha de presentación de la denuncia sin que haya una resolución del plenario del Consejo sobre el caso, las denuncias caducan .

Se trata de expedientes que se cierran sin que exista un pronunciamiento sobre los hechos denunciados.

“¿Justicia intocable?" es el título del estudio que ACIJ presentó, con su plataforma JusTA, en una página web que incluye el detalle de las denuncias y opiniones de especialistas que analizan además el resultado del relevamiento.

El proceso Los jueces solo pueden ser removidos de sus cargos si se prueba que cometieron delitos o incurrieron en mal desempeño.

Entre las faltas que pueden justificar una sanción están desempeñar tareas incompatibles con el cargo, incumplir reiteradamente las normas procesales, desatender sus deberes y faltarles el respeto a otros jueces o participantes de los procesos.

Cuando una denuncia llega al Consejo de la Magistratura, es enviada a la Comisión de Disciplina o a la de Acusación, según la gravedad de los hechos.

Hoy, de los expedientes que siguen en trámite, hay 225 que fueron derivados a Disciplina y 32 que están en Acusación.

Si el expediente toma el primer camino, el juez puede recibir una advertencia, un apercibimiento o una multa.

Si el caso va a Acusación y avanza, el magistrado puede terminar suspendido y acusado ante el Jurado de Enjuiciamiento, un organismo diferente, que es el que lleva adelante el jury, con representantes del Consejo que ofician de fiscales.

Gran parte de las denuncias son desestimadas “in limine” porque se considera que no cumplen los requisitos mínimos para iniciar una investigación.