El exjuez del 11-M y abogado de la empresaria que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE inicia una nueva etapa profesional en el despacho de Cospedal

Javier Gómez Bermúdez , el juez que presidió el juicio por los atentados del 11-M, ha abierto una nueva etapa profesional.

El exmagistrado ha abandonado este verano el despacho Ramón y Cajal Abogados, donde trabajaba desde 2017, y ha creado su propia marca como abogado, GB.

Según adelanta El País , su nueva oficina estará en la sede de IC Abogados, el bufete en el que trabaja María Dolores de Cospedal , exministra de Defensa y exsecretaria general del PP, con quien su trayectoria judicial ya coincidió indirectamente durante la disputa por los papeles de Bárcenas.

El acuerdo, cerrado a mediados de septiembre, no implica que Gómez Bermúdez se haya incorporado como socio de IC Abogados.

El exjuez conservará su autonomía profesional y trabajará bajo sus propias siglas, aunque compartirá asuntos con los abogados del despacho cuando los procedimientos requieran distintas especialidades.

Se ocupará de los casos penales que lleguen a su firma y podrá derivar a sus nuevos colaboradores aquellos que correspondan a otras ramas del Derecho, como el administrativo, o trabajar con ellos en expedientes que combinen ambas materias.

En IC Abogados también ejercen el abogado del Estado ante el Tribunal Supremo Manuel María Zorrilla Suárez y el catedrático de Derecho Administrativo Juan Francisco Mestre.

La colaboración permitirá a Gómez Bermúdez mantener su actividad como penalista sin renunciar a una estructura con la que abordar asuntos de mayor complejidad jurídica.

De los casos de la Audiencia Nacional a su propio despacho Desde que abandonó la judicatura, Gómez Bermúdez ha llevado la defensa de clientes implicados en algunas de las investigaciones más relevantes de la Audiencia Nacional.

Entre ellos figuran Carmelo Ovono Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial , Teodoro Obiang, procesado por su presunta participación en el secuestro y las torturas de cuatro opositores ecuatoguineanos, y Eliseo Nzeng Eneme, alto cargo del país africano investigado en una de las piezas del caso Villarejo sobre los presuntos encargos de la dictadura al comisario jubilado.

También representa a la empresaria Carmen Pano y a su hija, Leonor González Pano, investigadas en la causa que indaga en un presunto fraude millonario en el sector de los hidrocarburos y en la que figura asimismo el empresario Víctor de Aldama.

El nombre de Pano ha cobrado especial relevancia después de que asegurase haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede nacional del PSOE , en la calle Ferraz de Madrid.

La empresaria ratificó esa versión en junio y afirmó que la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, le había ofrecido dinero para cambiar su testimonio.