¿Impuesto al viento?: el caso de Olavarría y qué puede cambiar con dos fallos de la Corte Suprema

La reciente imposición en Olavarría de la “Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene” (TISH) sobre parques eólicos de la zona reeditó el fantasma del “impuesto al viento” que intentó aplicar en 2020 Puerto Madryn y que significaba casi 5% de la facturación por producción de energía de los parques eólicos instalados allí.

Aquella vez hubo una “ampliación” del ejido municipal, pero empresas alcanzadas, como Genneia y PAE, recurrieron a la Justicia federal, que frenó la implementación de lo que era, en los hechos, un impuesto encubierto.

En el caso de Olavarría, el municipio, encabezado por el camporista Maximiliano Wesner , intentó primero aplicar una TISH del 1,38% sobre la facturación total de parques ubicados a decenas de kilómetros del área urbana .

Luego redujo la pretensión a USD 5.200 anuales por aerogenerador instalado y, tras un ida y vuelta negociador con las empresas, aplicará una tasa de USD 700 a 850 por MW de potencia instalada, variable por generador: a mayor potencia, menor tasa por MW.

Más allá de la argumentación municipal, está claro a qué necesidad apunta la TISH.

Olavarría tiene 125.000 habitantes y unos 2.600 empleados municipales .

Además, un informe sobre los gastos legislativos de 76 ciudades del país, elaborado por la Fundación Libertad y el Centro de Investigaciones Sociales y Económicas (CISE), precisó que en 2025 invirtió 1,07% de los fondos municipales en su Concejo Deliberante , a un costo promedio por concejal de $55 millones al año, ambos valores inferiores al promedio de los 76 cuerpos relevados, que en conjunto insumieron un gasto de $335.241 millones, a un promedio de $259,3 millones por concejal.

El proyecto original de Olavarría, presentado en junio, aprovechó el vacío que dejó la no aprobación de la prórroga del artículo 17 de la Ley 27.191, que prohibía la aplicación de gravámenes nacionales, provinciales o municipales a las energías renovables hasta diciembre de 2025, amén de que la generación y el transporte de cualquier tipo de energía se rigen por normas nacionales.

En mayo pasado, Diputados dio media sanción a una prórroga por veinte años y el miércoles pasado hubo dictamen de mayoría del Senado para, en una próxima sesión, convertir en ley la exención, hasta 2045.