Vox quiere que el Supremo obligue a la JEC a actuar para no perjudicar el derecho de sufragio con la 'ley de nietos'

Vox ha presentado su anunciado recurso en el Tribunal Supremo (TS) contra la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) en la que declaraba no tener competencias ante las nacionalizaciones de descendientes de españoles derivadas de la llamada 'ley de nietos', una disposición de la Ley de Memoria Democrática de la pasada legislatura, y en su escrito solicita que se obligue al organismo arbitral a tomar medidas para evitar una posible "violación del derecho de sufragio".

Cuando le llegaron las denuncias, la JEC solicitó a la Oficina del Censo Electoral un informe sobre la aplicación de la 'ley de nietos' que rige para la actualización del censo, especialmente sobre el hecho de si se examinan las declaraciones explicativas de los electores que solicitan la inscripción en un municipio distinto del de su última residencia en España.

Pero en esa resolución, el organismo arbitral se declaró incompetente para actuar alegando que el procedimiento para la obtención de la nacionalidad por esta vía excede de sus competencias.

Sin embargo, cuatro de los trece vocales que componen el organismo arbitral discreparon de esa resolución y, en un voto particular, avisaron de que se ha producido un "incremento irregular" del censo electoral porque la instrucción dictada en 2022 por el Ministerio de Justicia para aplicar la 'ley de nietos' abrió la puerta a la nacionalización a más personas de las previstas en la propia Ley de Memoria Democrática que pretendía desarrollar.

LA INACCIÓN DE LA JEC VULNERA DERECHOS En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la formación liderada por Santiago Abascal pide que se anule el acuerdo de la JEC y se reconozca que la resolución, "en cuanto rechaza adoptar medidas positivas dirigidas a asegurar la limpieza, transparencia, legalidad y objetividad del proceso electoral, vulnera el derecho de sufragio".

Vox también solicita que se declare la "competencia irrenunciable de la JEC en las competencias legalmente atribuidas y su deber de adoptar medidas positivas, expeditivas y urgentes para asegurar el libre ejercicio del derecho de voto en un proceso electoral limpio y transparente".

Y aboga por que el Supremo ordene "la adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de los derechos vulnerados y que se condene a la Junta Electoral Central, formada mayoritariamente por magistrados del Alto Tribunal, a dictar instrucciones vinculantes dirigidas a la Oficina del Censo y a cualquier órgano de la Administración electoral".