Quién es Ilva Myriam Hoyos, la polémica nueva ministra de Educación que trabajó en la Procuraduría de Alejandro Ordóñez

Ilva Myriam Hoyos fue designada como nueva ministra de Educación por el presidente Abelardo de la Espriella, luego de la renuncia de Viviane Morales por una situación familiar.

Su llegada al cargo, prevista para el 7 de septiembre, pone al frente de la cartera a una abogada y académica que tuvo a su cargo la defensa de los derechos de niños, adolescentes y familias desde la Procuraduría .

La designación fue anunciada el 2 de septiembre.

Morales explicó en su carta de renuncia que una circunstancia familiar inesperada requería de su presencia y atención inmediata, por lo que no podía continuar con la dedicación que demandaba el Ministerio de Educación.

De la Espriella señaló que Hoyos cuenta con “talante, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores”.

También expresó que confía en que ejercerá sus funciones con “entrega, carácter y convicción”.

Fue procuradora delegada para la infancia, la adolescencia y la familia Ilva Myriam Hoyos es abogada de la Universidad del Rosario y doctora en Derecho de la Universidad de Navarra, en España.

Su carrera reúne experiencia en la academia, la investigación jurídica y el servicio público.

Uno de los cargos más visibles de su trayectoria fue el de procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia.

Ocupó esa función durante la administración de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría General de la Nación .

Desde esa dependencia intervino en asuntos relacionados con la protección de la niñez, la familia y los derechos reproductivos.

Su posición frente a esos temas derivó en desacuerdos públicos con organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como con sectores que respaldaban los derechos de la comunidad Lgbtiq+.

En 2012, 1.279 mujeres presentaron una tutela contra Ordóñez y varios funcionarios de la Procuraduría, incluida Hoyos.

La Corte Constitucional concedió el amparo y ordenó que rectificara una comunicación dirigida a la Superintendencia Nacional de Salud sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.