La Guatemala asume la presidencia pro témpore de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo para 2026-2027
Guatemala asumió la Presidencia Pro Témpore de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo COCATRAM para el período agosto 2026 -agosto 2027, una designación que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda vinculó con el nuevo marco legal portuario del país y con la posibilidad de impulsar desde ese espacio regional acciones sobre desarrollo portuario, conectividad y competitividad en Centroamérica.
El relevo llega después de la aprobación del Decreto 20-2026, la Ley General del Sistema Portuario Nacional, avalada por 123 votos en el Congreso de Guatemala durante la madrugada del 5 de agosto.
El CIV asumirá esa representación en su calidad de Autoridad Portuaria Nacional y como institución responsable de las competencias del Estado en materia de transporte.
Esa condición también se apoya en su representación ante el Consejo Sectorial de Ministros de Transporte de Centroamérica, identificado en el texto como COMITRAM .
La Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo tiene como función asesorar a ese consejo ministerial en asuntos relacionados con el transporte marítimo y el desarrollo portuario de la región, dentro del marco del Sistema de Integración Centroamericana.
El ministerio sostuvo que la presidencia permitirá dar continuidad a proyectos regionales e iniciativas incluidas en el marco estratégico institucional del organismo.
La nueva presidencia regional coincide con la reforma del sistema portuario guatemalteco La designación de Guatemala ocurre en un momento que el propio ministerio describió como relevante para el sector portuario nacional, tras la aprobación de la nueva ley general.
Durante ese proceso, la COCATRAM acompañó y brindó cooperación técnica.
La normativa aprobada por el Congreso busca modernizar el marco legal de los puertos, fortalecer la seguridad y la competitividad del comercio exterior y crear una autoridad nacional autónoma para ordenar un sistema que, arrastraba duplicidad de funciones, instituciones obsoletas y falta de reglas claras para invertir y expandir infraestructura.
La ley responde además a una carencia específica: Guatemala no contaba con una autoridad nacional moderna y autónoma para regular el sistema portuario.
El decreto también apunta a corregir la insuficiencia de estándares de seguridad y protección portuaria, así como el cumplimiento del Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias.
El eje institucional de la reforma es la creación de la Autoridad Portuaria Nacional como entidad autónoma y descentralizada del Estado.
Tendrá facultades para regular, planificar, fiscalizar, inspeccionar, verificar y sancionar el cumplimiento de la ley, sus reglamentos y los convenios internacionales ratificados por Guatemala en materia portuaria.
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