El Gobierno anunció que limitará los nuevos contratos de prestación de servicios y fijará topes para los cargos de libre nombramiento, con excepciones
Las entidades del Estado tendrán que ajustar la planeación de sus gastos de personal y contratación bajo nuevos criterios de austeridad del Gobierno nacional.
Las directrices establecen porcentajes de referencia para la provisión de cargos de libre nombramiento y remoción y la programación de nuevos contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
Las medidas buscan que las vinculaciones respondan a necesidades verificables y cuenten con disponibilidad presupuestal.
Antes de contratar más personal, las entidades deberán evaluar si pueden atender sus funciones mediante la redistribución de cargas laborales, la movilidad interna o el aprovechamiento de los recursos humanos y técnicos existentes.
Los detalles están consignados en una circular dirigida a ministros, directores de departamentos administrativos y responsables de las entidades destinatarias.
El documento establece límites para la planeación de nuevas vinculaciones y obligaciones de seguimiento para verificar el cumplimiento de las medidas de ahorro.
Límites para contratar personal y servicios profesionales Uno de los puntos centrales de la circular es la orientación para la provisión de cargos de libre nombramiento y remoción.
El documento señala que las entidades deberán planear la ocupación de estos puestos con criterios de austeridad y dentro de los límites establecidos para cada planta.
“Como criterio general de programación y austeridad las entidades destinatarias orientarán la previsión de los empleos de libre nombramiento y remoción de su planta global hasta un máximo equivalente al 60 % de los cargos de esa naturaleza legalmente previstos y susceptibles se provisión”, indica el texto.
La directriz contempla excepciones para determinados cargos de alto nivel, entre ellos ministros, viceministros y directores de departamentos administrativos.
La aplicación del criterio deberá considerar las condiciones previstas en la circular y la disponibilidad de recursos para cubrir las necesidades de cada entidad.
Las restricciones también abarcan la planeación de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
Para establecer el punto de partida, las entidades deberán calcular una línea base a partir del número y el valor total de los contratos celebrados durante 2025 y 2026.
Con esa referencia, la programación de nuevas contrataciones tendrá un límite orientador.
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