La necesidad de un Banco Central independiente

Fortalecer la independencia del Banco Central es un tema fundamental para el futuro de la Argentina.

La estabilidad monetaria, los derechos de propiedad y el patrimonio de los ciudadanos necesitan un Banco Central profesional y no sometido a los intereses cortoplacistas de los funcionarios de turno.

Sin embargo, queremos llamar la atención sobre la necesidad de no caer únicamente en detalles técnicos, sino de analizar el contexto.

Para eso nos preguntamos: ¿puede un gobierno fortalecer las instituciones cuando recurre de manera sistemática a las mismas prácticas que durante décadas contribuyeron a debilitarlas? No alcanza con blindar legalmente al Banco Central si, al mismo tiempo, se conserva un sistema que permite al Poder Ejecutivo desplazar al Congreso mediante los decretos de necesidad y urgencia.

Dicho de otro modo, no alcanza con reformar técnicamente el Banco Central si no se corrigen herramientas que permiten al Ejecutivo volver a capturarlo.

Estas cuestiones remiten a un problema más profundo que la coyuntura .

Existe una brecha entre un discurso que promete reconstruir la institucionalidad y una práctica que sigue apoyándose en herramientas propias del populismo: la polarización, la creación de enemigos imaginarios, los institutos de emergencia y el cortoplacismo.

La idea de dotar al Banco Central de mayor independencia responde a un diagnóstico ampliamente compartido.

Buena parte de la inflación crónica argentina se explica por el uso del Banco Central para financiar el déficit fiscal.

Limitar legalmente esa posibilidad es un objetivo razonable y congruente con nuestra Constitución.

Si vamos a los detalles técnicos, la reforma debe insistir en un esquema de designación de autoridades que distribuya el poder entre el Ejecutivo y el Congreso, con mandatos escalonados y requisitos de idoneidad, para evitar que un solo gobierno controle el Banco Central.

También deben existir mecanismos que aseguren una independencia efectiva, impidiendo que las designaciones queden indefinidamente “en comisión” (debe haber plazos de caducidad automáticos y breves para estos mandatos) y garantizando la renovación parcial de las autoridades.

No es recomendable que funcionarios designados “en comisión” gocen del blindaje propuesto; deben gozarlo quienes tienen la legitimidad democrática (es decir, quienes sean designados con esas mayorías).

Debe existir un régimen robusto de rendición de cuentas presencial ante el Congreso y la ciudadanía, mediante informes y transparencia en las decisiones.