Demandan decreto que permite a jueces regionales frenar operaciones militares: el Consejo de Estado revisará norma

El concejal de Bogotá Julián Uscátegui Pastrana presentó una demanda ante el Consejo de Estado para solicitar la nulidad del Decreto 799 de 2025, que cambió las reglas de reparto de las acciones de tutela dirigidas contra actuaciones del presidente de la República.

La acción busca que el alto tribunal revise una norma que, según el demandante, abrió la posibilidad de que jueces de distintas regiones adopten órdenes con efectos nacionales, como la suspensión de bombardeos o de operativos de erradicación de cultivos ilícitos.

La demanda también incluye una petición de suspensión provisional del decreto mientras se adopta una decisión de fondo.

Uscátegui sostiene que la aplicación de la norma puede derivar en fallos incompatibles sobre una misma actuación del Gobierno nacional, según el juzgado ante el que se presente cada tutela.

El decreto modificó el reparto de estos recursos para que las tutelas contra actuaciones del jefe de Estado fueran conocidas en primera instancia por jueces del circuito o de igual categoría, conforme a las reglas de reparto aplicables.

Antes de esa modificación, esos casos llegaban al Consejo de Estado.

El decreto cambió el reparto de tutelas contra actuaciones del presidente El eje de la demanda está en el alcance del Decreto 799 de 2025.

La norma incluyó las tutelas contra actuaciones del presidente, incluidas las relacionadas con seguridad nacional, y las relativas a actuaciones administrativas, políticas, programas o estrategias del Gobierno nacional sobre erradicación de cultivos ilícitos.

Para el concejal, ese cambio fragmenta el control judicial de asuntos que pueden afectar a todo el territorio nacional e incluso tener consecuencias fuera del país.

La demanda plantea que el traslado de esos expedientes a despachos locales puede afectar principios como la igualdad, la seguridad jurídica, el juez natural y la independencia judicial.

“No podemos permitir que una misma actuación del Gobierno nacional tenga consecuencias judiciales diferentes simplemente por el lugar donde se presenta una tutela.

La justicia debe garantizar igualdad, seguridad jurídica y coherencia, especialmente cuando estamos hablando de decisiones que tienen alcance nacional”, afirmó Uscátegui.

El escrito cuestiona que una disposición administrativa de reparto produzca, en la práctica, el efecto de apartar al Consejo de Estado de una categoría de tutelas vinculadas con actos u omisiones atribuidos al presidente de la República.

Según el demandante, la discusión no se limita a una controversia política sobre las decisiones del Ejecutivo.