Defensoría del Pueblo le pidió a Abelardo de la Espriella que aclare cómo la Policía intervendría en las universidades públicas: “Puede restringir la protesta”

En medio de la polémica generada por el presidente Abelardo de la Espriella al anunciar un protocolo para que la fuerza pública ingrese a las universidades a la fuerza, en caso de presentarse desmanes o actos violentos, en la mañana del domingo 20 de septiembre la Defensoría del Pueblo hizo un duro llamado al Gobierno nacional.

El ente de control pidió límites estrictos para cualquier ingreso de las autoridades a los centros de educación superior públicos que impidan posibles excesos de fuerza o retenciones irregulares .

En un comunicado, el organismo sostuvo que la protección del orden público debe coexistir con la autonomía universitaria, el derecho a la protesta pacífica y las garantías fundamentales de estudiantes, docentes, trabajadores y demás integrantes de la comunidad académica.

“Por tanto, existen circunstancias excepcionales en las cuales la Fuerza Pública puede intervenir al interior de una universidad.

La flagrancia es una de ellas y, en estos casos, no se requiere como regla general autorización previa de las autoridades universitarias.

Sin embargo, ninguna circunstancia habilita actuaciones ilimitadas: toda intervención debe tener un fundamento jurídico concreto y respetar estrictamente los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y diferenciación”, señaló la Defensoría.

Además, la entidad explicó que la autonomía universitaria está reconocida por el artículo 69 de la Constitución Política .

Esta garantía permite que las instituciones de educación superior se autodirijan, se autorregulen y preserven la libertad académica sin interferencias indebidas.

La Defensoría también advirtió que la protesta pacífica no justifica el ingreso policial a los campus.

Las asambleas estudiantiles, la deliberación académica y las expresiones de disenso político forman parte de los derechos de reunión, manifestación y libertad de expresión de la comunidad universitaria.

El organismo pidió evitar interpretaciones amplias que asocien la inconformidad social con delitos o violencia.

Si algunas personas cometen actos violentos, la respuesta estatal debe concentrarse en esas conductas y no extenderse a quienes ejercen de manera pacífica sus derechos.

“La historia de nuestro país exige especial cuidado frente a las intervenciones de la Fuerza Pública en escenarios universitarios.

Proteger la autonomía universitaria no significa tolerar delitos; garantizar el orden público tampoco puede significar restringir indebidamente la protesta, la libertad de expresión, la libertad académica o los demás derechos fundamentales ”, concluyó la entidad.