Diecinueve detenidos por regularizar a migrantes con parejas falsas

Jaén, 18 ago (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a 19 personas en el marco de la operación Vínculo II contra una organización criminal dedicada a regularizar de forma fraudulenta a ciudadanos de origen magrebí mediante parejas de hecho ficticias, una trama con la que los cabecillas llegaron a obtener más de 30 millones de euros.

Según ha informado en un comunicado la Policía Nacional, esta segunda fase de la investigación se ha desarrollado durante el primer semestre de 2026 en las localidades de Jaén, Málaga, Tenerife y Melilla; previamente, la primera fase se saldó con un total de 46 personas detenidas por falsedad documental, favorecimiento a la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal.

A los arrestados se les imputan presuntos delitos de falsedad documental y favorecimiento a la inmigración ilegal.

La investigación tiene su origen a principios de febrero de 2025, cuando la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Jaén detectó anomalías en varias solicitudes de permisos de residencia por circunstancias excepcionales vinculadas a parejas de hecho registradas en Cataluña, pero con empadronamientos sospechosos en la localidad de Torredonjimeno (Jaén).

Las pesquisas desvelaron que la red lograba la regularización de los ciudadanos extranjeros inscribiéndolos como 'pareja de hecho' en diferentes notarías de Barcelona con ciudadanas españolas con las que no mantenían ninguna relación ni contacto previo.

Tras este trámite, los ciudadanos de origen marroquí obtenían la Autorización de Residencia de Familiar Comunitario, que les habilitaba para residir en España durante cinco años y trabajar por cuenta propia o ajena.

La organización cobraba a los migrantes cantidades de hasta 12.000 euros tanto por introducirlos de forma ilegal en territorio nacional como por facilitarles la documentación falsificada una vez se encontraban en el país en situación irregular.

En total, los líderes de la red llegaron a amasar más de 30 millones de euros en beneficios.

La red criminal operaba con un reparto de tareas perfectamente definido desde sus bases en Barcelona, Melilla, Tenerife y Málaga, estructurada bajo una jerarquía liderada en su cúspide por cabecillas españoles y marroquíes que planificaban las operaciones, coordinaban al grupo y recibían la mayor parte de los ingresos.

En el eslabón inferior actuaban los captadores, dedicados a localizar a mujeres españolas (principalmente de la provincia de Málaga) para formalizar las parejas de hecho ficticias y gestionar sus traslados logísticos hacia Barcelona; los facilitadores, responsables de conseguir la documentación falsificada indispensable para tramitar las solicitudes de residencia; y las mulas, encargadas de transferir el dinero ilícito acumulado por la organización.