Disputa judicial y administrativa amenaza con paralizar el control de Comfenalco Antioquia y pondría en riesgo casi $1 billón

Una pugna jurídica y administrativa mantendría en vilo el control de Comfenalco Antioquia y la gestión de cerca de 1 billón de pesos destinados a los trabajadores afiliados.

Según información que pudo conocer Infobae Colombia , la disputa enfrenta a la Superintendencia del Subsidio Familiar, el agente especial de intervención y un grupo de directivos y afiliados que han recurrido a acciones legales para frenar las medidas adoptadas por el interventor.

El conflicto al interior de una de las cajas de compensación familiar de los antioqueños surgió tras la intervención administrativa total dictada por la Superintendencia mediante la Resolución No.

0789 del 15 de septiembre de 2023.

La medida fue acompañada por la designación de Fabián Mayor como agente especial de intervención, como parte de una revisión de los procesos de intervención en este tipo en entidades en el territorio nacional.

El alcance de la intervención a Comfenalco Antioquia La intervención sobre Comfenalco Antioquia se justificó por la situación crítica detectada en la entidad .

Según pudo conocer esta redacción, la administración actual habría convocado de manera apresurada una asamblea general con el objetivo de mantener el control sobre los recursos de la entidad de subsidio familiar, en medio de una crisis institucional de alto alcance, que incluso puso sobre la lupa lo que sería el interés de la pasada administración de Gustavo Petro.

El presupuesto de la caja de compensación para 2026 asciende a $974.707.394.263 , una suma que se encontraría en riesgo directo por la disputa de poder.

La intervención busca garantizar la transparencia en el manejo de estos fondos de los trabajadores y evitar posibles irregularidades administrativas.

Por su parte, habría $970.667.925.788 en costos y gastos, con un resultado proyectado de $4.039.468.474; en recursos que estarían en disputa.

Como una de sus primeras medidas, el agente interventor solicitó información sobre la situación financiera, jurídica y administrativa de la administradora del subsidio familiar , y ordenó suspender la asamblea citada por los directivos.

Para dicha suspensión se argumentó, entre otras razones, la declaratoria de calamidad nacional y la necesidad de efectuar un balance antes de tomar decisiones de fondo sobre lo que sería el futuro de la entidad.

Esta suspensión generó el rechazo inmediato de algunos sectores internos.

Juan Pablo Morales Calle, director administrativo suplente, inició acciones jurídicas como un recurso de reposición contra la Resolución No.