Pesca artesanal peruana, los costos de un sector desarticulado
La pesca artesanal peruana enfrenta hoy una combinación de problemas que se han ido acumulando y que amenazan la sostenibilidad económica del sector.
Miles de familias que dependen de recursos como la pota, el perico y el bonito enfrentan una situación cada vez más difícil de sostener, marcada por el incremento de los costos de operación, las limitaciones de infraestructura y cadena de frío en los desembarcaderos, la fragmentación gremial y una posición de negociación desfavorable frente a los compradores.
El resultado es un sector con márgenes cada vez más estrechos y una informalidad que sigue siendo uno de los principales obstáculos para avanzar hacia un ordenamiento efectivo y sostenible.
El problema se ha agudizado en los últimos años.
Según estimaciones del propio sector pesquero , existen más de 23,000 embarcaciones artesanales registradas, aunque una parte de ellas opera al margen de las exigencias legales.
A ello se suma una marcada dispersión gremial que dificulta la construcción de una agenda común y debilita la capacidad de los pescadores para defender sus intereses y mejorar sus condiciones de negociación.
En este escenario, la ley de la oferta y la demanda termina jugando en contra de quienes tienen menor capacidad de negociación.
Cuando la oferta aumenta y los pescadores carecen de infraestructura suficiente para conservar sus capturas, su margen para esperar mejores precios se reduce considerablemente.
El resultado es una mayor vulnerabilidad económica que profundiza los problemas estructurales del sector pesquero.
El combustible es uno de los factores que más presiona a la pesca artesanal .
Una embarcación potera requiere más de 600 galones por faena, lo que representa un gasto superior a S/ 15,000 solo en diésel.
Así lo señaló la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (SONAPESCAL) en su pronunciamiento del 14 de agosto de 2026, en el que exigió que los subsidios al combustible incluyan a la pesca artesanal y recordó que más de 7,000 embarcaciones dependen de estas pesquerías, detrás de las cuales se encuentran miles de tripulantes, comerciantes y familias.
La exclusión del sector de las políticas de compensación no solo resulta injusta, sino que amenaza con debilitar una cadena productiva que abastece tanto al mercado nacional como a los mercados de exportación.
La precariedad institucional agrava el cuadro.
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