Hospital San Juan de Dios: Procuraduría pide frenar millonaria licitación por posibles irregularidades

El futuro de una de las obras hospitalarias más importantes de Bogotá quedó en pausa luego de que la Procuraduría General de la Nación solicitara detener una licitación que supera los $292.914 millones.

El proceso busca contratar la remodelación y ampliación del Hospital San Juan de Dios y Materno Infantil, proyecto impulsado desde el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

La petición fue dirigida a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas (ANIM) y a la fiduciaria DaviBank.

El organismo de control considera necesario revisar varias situaciones que podrían afectar la transparencia y la solidez de la contratación antes de que se tome una decisión definitiva sobre la adjudicación.

Entre las alertas aparecen denuncias sobre posibles irregularidades, dudas frente a la financiación de la obra e inconsistencias detectadas en la evaluación final de los participantes.

La Procuraduría también cuestionó el cumplimiento de los principios de publicidad e igualdad que deben orientar la contratación pública.

Uno de los puntos que más llamó la atención está relacionado con los criterios financieros usados para valorar a los proponentes.

Los indicadores de liquidez, endeudamiento, cobertura de intereses, rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo, según el ente de control, “no cuentan con documentos que sustenten su determinación”.

Esto deja pendiente establecer cuál fue el respaldo técnico utilizado para fijar esos parámetros.

La Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública justificó su intervención por el tamaño del proyecto y los recursos públicos involucrados.

“Teniendo en cuenta la relevancia que representa el proyecto de infraestructura hospitalaria para la ciudad de Bogotá, así como los recursos públicos comprometidos”, pidió suspender el proceso y “analizar a profundidad las advertencias presentadas”.

Las dudas sobre la licitación tomaron fuerza después de los cuestionamientos formulados por Camilo Alberto Enciso Vanegas, fundador del Instituto Anticorrupción y de la Red Latinoamericana de Cumplimiento.

Sus reparos se concentraron en documentos aportados por uno de los dos únicos proponentes: el Consorcio San Charbel Lupinta Layo, integrado, entre otras compañías, por Geoconstrucciones CorpSAS.

Según Enciso, Andrei Montes Jaramillo figuró como socio de Geoconstrucciones con una participación del 20% para acreditar experiencia.