Malvinas: vecinos y aliados de la Argentina continúan con sus negocios en las islas

Los vecinos y aliados regionales de la Argentina fueron aumentando en los últimos años las relaciones con las islas Malvinas al margen de las declaraciones de apoyo al país en los foros internacionales.

La nueva postura del presidente Javier Milei respecto de la cuestión ha vuelto a sacar a la luz situaciones que no estaban ocultas, pero de las que la política se ocupó poco y nada.

El repentino ímpetu malvinero de Milei y las promesas de sanciones a empresas y particulares que se vinculen con la explotación de petróleo en las islas provocó reacciones en Uruguay y Chile por los perjuicios que eso podría acarrear.

El de Chile es el caso quizás más evidente.

La ciudad de Punta Arenas, ubicada sobre el estrecho de Magallanes , sostiene una relación de larga data con las islas, de donde provienen muchos de los chilenos que residen o trabajan allí de forma temporal.

La ruta marítima que conecta a Punta Arenas con el archipiélago, de unos 900 kilómetros, cuenta con una historia de 120 años.

En el año 2011, una declaración del Mercosur respaldada por Chile prohibió la recala en sus puertos de barcos que naveguen con la bandera de las islas.

Posteriormente, en 2012, la ruta quedó completamente cerrada debido a la presión ejercida por el entonces gobierno argentino.

Como consecuencia de esta interrupción, los habitantes de las islas debieron recurrir a Uruguay para abastecerse de víveres, repuestos, maderas y todo tipo de bienes.

En las últimas semanas se anunció un acuerdo entre una naviera chilena, Eastern Island Naviera (EIN), y las Malvinas para retomar esa vieja ruta con viajes periódicos cada dos o tres meses.

EIN y el gobierno de Punta Arenas aseguran que se trata de un acuerdo entre privados y que no tiene que ver con la futura explotación petrolífera en las islas, que se calcula comenzará en 2028.

El tema volvió al centro de la agenda pública tras la visita a Chile del presidente argentino, durante la cual firmó un comunicado conjunto con su par chileno, José Antonio Kast .

En ese documento se estipula que el gobierno chileno evitará las actividades logísticas ilegales entre el país vecino y las islas.

La abogada internacionalista Paz Zárate, consultada frecuentemente por los medios chilenos, sostuvo en el programa televisivo 24 Horas que este texto constituye uno de los documentos más perjudiciales para Chile “en la era moderna”.