Ecuador busca castigar la pertenencia a bandas criminales con una nueva reforma penal

Ecuador podría incorporar a su legislación penal una nueva herramienta para perseguir a las organizaciones criminales: sancionar específicamente a quienes formen parte de sus estructuras sin que sea indispensable atribuirles , además, la ejecución material de otro delito cometido por la banda.

La propuesta consta en el proyecto conocido como Ley Antimafias , cuyo informe para primer debate fue aprobado el 24 de agosto por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional .

La iniciativa busca modificar la manera en que el sistema penal aborda la integración de las organizaciones delictivas.

En lugar de concentrarse solamente en los cabecillas o en quienes ejecutan asesinatos, extorsiones, secuestros, tráfico de drogas u otros delitos , el proyecto pretende identificar distintos niveles de participación dentro de esas estructuras y asignar sanciones de acuerdo con la función desempeñada.

El informe recibió ocho votos favorables y dos abstenciones.

Su aprobación permite que el proyecto continúe hacia el primer debate en el Pleno , por lo que las disposiciones propuestas todavía no se encuentran vigentes.

Una de ellas establece una pena de tres a cinco años de prisión para la modalidad básica de pertenencia a un grupo delictivo.

La reforma apunta a que la integración consciente y funcional a una organización pueda constituir por sí misma una conducta penalmente sancionable, aunque la persona no sea procesada simultáneamente como autora material de uno de los delitos finales de la estructura.

La delimitación de esa pertenencia ha sido uno de los asuntos discutidos durante el trámite.

Expertos e instituciones que comparecieron ante la Comisión plantearon la necesidad de establecer criterios objetivos que permitan probarla y evitar que vínculos familiares, personales o comunitarios sean utilizados, por sí solos, para determinar que alguien integra una organización criminal.

El proyecto establece sanciones superiores para otros niveles de participación.

Las personas que desarrollen conscientemente actividades operativas o logísticas necesarias para el funcionamiento de una estructura, entre ellas vigilancia, alertas, comunicaciones, transporte o control de accesos, podrían enfrentar penas de entre 10 y 13 años.

Ese rango también alcanzaría a determinados colaboradores externos que proporcionen deliberadamente asistencia técnica, financiera, contable o tecnológica.

Con ello, la propuesta busca abarcar tanto la estructura interna de las organizaciones como las redes de apoyo que permiten mantener sus operaciones.