Escepticismo en las Fuerzas Armadas por el proyecto de Milei que nació por las tensiones en Malvinas

Un diagnóstico aparentemente correcto y seductor, con herramientas y recursos insuficientes .

Así definen sectores castrenses el proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que el gobierno de Javier Milei envió al Congreso, que a partir de las tensiones con el Reino Unido por Malvinas crea el Consejo de Seguridad Nacional y dispone que las Fuerzas Armadas deben estar preparadas para participar en “operaciones militares convencionales y no convencionales”.

La evaluación entre los militares se completa con el análisis de otro proyecto sensible remitido a la Cámara de Diputados; el presupuesto 2027, que aumenta los recursos asignados al área de Defensa en un 20%, un porcentaje inferior a la inflación anual que la propia administración libertaria y consultores privados estiman en un 30 por ciento.

Sigue muy lejos la prometida equiparación salarial con las fuerzas de seguridad, el presupuesto militar decrece en términos reales y se mantiene la crisis de la obra social de las Fuerzas Armadas, con una deuda de $160.000 millones .

El proyecto enviado al Congreso llega, así, en “un contexto de marcado desinterés y fuerte preocupación ”, dijo a LA NACION un oficial en actividad.

“En algunas provincias, muchos suboficiales y oficiales subalternos están más preocupados en saber cuándo la Policía local abre la inscripción para incorporar efectivos que en otra cosa”, explicó con preocupación un militar, como reflejo del descontento por los bajos salarios.

Experiencias recientes, como la Operación Roca −el despliegue militar en la frontera norte para tareas de control, vigilancia y apoyo contra el delito complejo− y los intentos por involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico no encontraron un fuerte entusiasmo en las filas militares.

El germen del nuevo proyecto es el decreto 1112/24 , dictado en la gestión ministerial de Luis Petri .

Como no había fuerza política en el Congreso, se extendió por decreto la banda de actores considerados amenaza externa.

“De la interpretación restrictiva que hacía el decreto 727/2006, de Nilda Garré, pasamos a una interpretación amplia : amenaza externa es todo lo que afecte la integridad territorial del país, mientras opere en el exterior”, explicó Juan Battaleme , quien acompañó a Petri como secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa.

“El proyecto no otorga a las Fuerzas Armadas los medios, ni el presupuesto para defender las fronteras.