Gobierno de Keiko Fujimori recurrirá a decretos de urgencia si el Congreso no le otorga facultades, afirma ministro

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, afirmó este lunes que el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori recurrirá a decretos de urgencia y decretos supremos para fortalecer las capacidades de la Policía Nacional (PNP) si el Congreso no le concede las facultades legislativas que ha solicitado para enfrentar la criminalidad.

“Si no nos dan las facultades, nosotros seguiremos mediante el esquema de decreto de urgencia y decretos supremos, potenciando estas áreas de la Policía”, declaró Vinelli en diálogo con Canal N, al explicar que el Ejecutivo busca mejorar la capacidad de respuesta del Estado frente a la delincuencia.

El funcionario señaló que el Ejecutivo ya está adoptando medidas mediante estos mecanismos para destinar recursos al fortalecimiento de áreas como inteligencia, armamento y equipamiento policial.

“Para darle potencia necesitamos las facultades”, insistió.

Los decretos de urgencia (DU) son normas con fuerza de ley que la Presidencia puede dictar, de acuerdo con la Constitución, en materia económica y financiera cuando así lo requiere el interés nacional.

No necesitan una autorización previa del Parlamento, pero están sujetos a control parlamentario posterior.

La posibilidad de que el Ejecutivo recurra a decretos de urgencia (DU) para acelerar medidas contra la criminalidad ha sido planteada en las últimas semanas por el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien ha cuestionado que el Gobierno espere la aprobación de las facultades legislativas y ha pedido a Fujimori utilizar estos mecanismos para agilizar la adquisición de equipos y armas, así como reforzar las unidades de inteligencia de la PNP.

“Este gobierno es muy lenteja, va muy lento.

Era para que entre y al toque decreto de urgencia uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho (...) Hasta Boluarte, tremenda flojonaza, tremenda vaga mirando novelas turcas todo el día, no chambeaba y se operaba (...) hasta esta mujer sacaba decreto de urgencia cada semana”, dijo.

El Ejecutivo presentó a finales de agosto una solicitud de facultades legislativas que contempla 66 pedidos agrupados en ocho materias y por un plazo de 120 días.

Entre las medidas planteadas figuran modificaciones al Código Penal, al Nuevo Código Procesal Penal y al Código de Ejecución Penal, así como cambios en las normas sobre seguridad ciudadana, organizaciones criminales, armas, explosivos y telecomunicaciones.

El pedido, que deberá ser debatido por el Congreso bicameral, también contempla establecer un marco legal que permita declarar terroristas a determinadas organizaciones criminales.