Prorrogada hasta febrero de 2027 la instrucción de la estafa con criptos de Biosca

Madrid, 3 sep (EFE).- El juez que investiga la presunta estafa con criptomonedas de Algorithms Group, cuyo cabecilla, Javier Biosca, se suicidó en 2022, ha prorrogado hasta febrero de 2027 la instrucción de la causa, que habría causado un perjuicio estimado en algo más de 800 millones de euros.

En un auto fechado el pasado 14 de agosto al que ha tenido acceso EFE, el titular del juzgado central de instrucción nº 1 de la audiencia Nacional ha fijado el 19 de febrero de 2027 como fecha prevista para finalizar la investigación, al existir todavía varias cuestiones que resolver y diligencias que practicar.

Entre ellas, destaca la necesidad de determinar determinadas actuaciones relacionadas con Revena Capital y Revena Capital Trading, así como con las personas vinculadas a estas sociedades, deben seguir siendo investigadas en España o ser remitidas a las autoridades judiciales portuguesas.

Tras el suicidio de Biosca, la Audiencia Nacional mantuvo el procedimiento penal contra su viuda y su hijo, además de contra el resto de investigados en la causa.

Biosca se suicidó en noviembre de 2022 al precipitarse desde el balcón del hotel Ona Valle Romano de Estepona (Málaga), en presencia de varios testigos.

Los delitos que se imputaban a Biosca, además de a su mujer y su hijo, son estafa, intrusismo, blanqueo, delitos societarios, apropiación indebida y asociación ilícita, todo tras presuntamente captar clientes con la promesa de rentabilidades del 20 % o del 25 % semanal.

De acuerdo con las acusaciones, a partir de los primeros meses de 2020 éste comenzó a dejar de pagar a la mayor parte de los inversores, algunos de los cuales son, a su vez, plataformas de inversión en bitcoins que invertían en la empresa atraídos por los altísimos intereses.

El bufete Zaballos Abogados, que representa a la Asociación de Afectados por Inversiones con Criptomonedas, ha solicitado que la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) actúe para localizar el patrimonio de los acusados, y así poder resarcir a los afectados. EFE