Guatemala busca fortalecer su sistema financiero previniendo el lavado tras la entrada en vigor de nueva ley
El presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, participó el 21 de septiembre en la inauguración del V COPLAFT 2026, que reunió en Guatemala a especialistas regionales para reforzar la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo ante delitos financieros cada vez más tecnológicos y transfronterizos.
El congreso se desarrolló durante dos jornadas, el 21 y el 22 de septiembre, en el Hotel Barceló.
La convocatoria coincidió con la entrada en vigor, cuatro días antes, del Decreto 15-2026, Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
La norma actualizó y unificó el marco jurídico nacional en la materia, mientras el país se prepara para la Quinta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional, organismo que fija estándares mundiales contra esos delitos.
La nueva ley y la evaluación internacional La Asociación Bancaria de Guatemala, la Escuela Bancaria de Guatemala y la Federación Latinoamericana de Bancos organizaron el encuentro, centrado en la aplicación de la nueva legislación, las tendencias regulatorias y las herramientas para detectar operaciones irregulares.
La agenda incluyó riesgos vinculados con activos virtuales, monedas estables, transparencia corporativa, identificación del beneficiario final, sanciones financieras internacionales, ciberataques, fraude digital, empresas de tecnología financiera, finanzas abiertas, comercio internacional y programas anticorrupción en el gobierno corporativo.
Uno de los ejes fue el tránsito desde el cumplimiento formal de obligaciones hacia resultados verificables ante el GAFI.
Durante 2026, Guatemala impulsó actividades de preparación en evaluación de riesgos, supervisión basada en riesgo, inteligencia financiera, cooperación internacional y aplicación de sanciones.
González Ricci sostuvo que la prevención protege la integridad del sistema financiero y la confianza de personas, empresas y mercados en las instituciones.
También indicó que cada operación requiere una evaluación de riesgos y medidas adaptadas a las modalidades cambiantes de la criminalidad financiera.
El presidente del Banco de Guatemala planteó que el valor de la normativa depende de su aplicación efectiva: “Una normativa moderna es indispensable, pero su valor se demuestra en la práctica.
El reto es convertir las obligaciones en procedimientos claros y estos procedimientos en acciones capaces de prevenir, detectar y responder oportunamente”.
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