Quince años después quedan unos 110 presos de ETA, la mayoría en semilibertad

Rafael Herrero Vitoria, 19 oct (EFE).- Cuando el 20 de octubre de 2011 los entonces jefes de ETA Iratxe Sorzabal y David Plá anunciaron el fin del terrorismo de ETA, 700 militantes y personas vinculadas con la organización se enteraron de la histórica noticia en cárceles de toda España y Francia.

Hoy, 15 años después del silencio de las armas, quedan alrededor de 110 condenados por el terrorismo cumpliendo penas, más de la mitad de ellos en situación de semilibertad en aplicación del tercer grado penitenciario o del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.

En estos 15 años, todos han sido trasladados a prisiones del País Vasco y Navarra, excepto dos de ellos: Mikel Karrera Sarobe y Saioa Sánchez Iturregi, quienes permanecen en Francia condenados por el único atentado deliberado en suelo francés, los asesinatos de los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero en el aparcamiento de una cafetería de Capbreton en 2007.

Cuando ETA dejó de matar, 559 presos de ETA cumplían condenas en cárceles españolas y 150 en Francia.

Dos meses después del anuncio, el PP se alzó con el poder en España y comenzó el mandato de Mariano Rajoy, durante el que fueron trasladados a Euskadi algunos presos que se habían desvinculado de la banda.

A partir de 2018, con el PSOE en el Gobierno, comenzaron a generalizarse los traslados de reclusos de ETA hasta la situación actual, en la que todos están en las tres cárceles vascas y la de Navarra -en la que hay tres reclusos-, con la excepción de los dos que siguen en Francia.

En este tiempo dos hitos fundamentales influyeron en la política penitenciaria.

El primero de ellos tuvo lugar el 28 de diciembre de 2013.

En esa fecha, el colectivo de presos de ETA (EPPK) hizo público un comunicado en el que reconoció el "daño causado" y aceptó someterse a la legalidad penitenciaria vigente de forma individual.

Se trató de un cambio histórico de estrategia -hasta entonces la exigencia era de amnistía aplicada como colectivo- que ha permitido la aplicación de beneficios penitenciarios y las progresiones de grado a los presos de ETA.

El otro punto de inflexión se produjo el 1 de octubre de 2021, fecha en la que se hizo efectiva la transferencia a Euskadi de la gestión de las prisiones y la política penitenciaria.

A partir de ese momento, la decisión de validar las progresiones de grado de los presos, a propuesta de las juntas de tratamiento de cada prisión, corresponde al Departamento vasco de Justicia -gestionado por el PSE-EE- y no a Instituciones Penitenciarias.

Desde entonces, el Gobierno Vasco ha concedido 129 terceros grados a presos de ETA, de los que 36 han sido recurridos por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, según datos aportados por el Departamento de Justicia.