Centroamérica avanza en ética judicial, pero enfrentan el reto de llevar las normas a la práctica

El informe Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026 , de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( OCDE ), registra avances normativos en Costa Rica, Guatemala, Honduras y República Dominicana .

El documento también identifica áreas en las que los sistemas de justicia pueden ampliar sus mecanismos de asesoramiento ético, prevención de conflictos de intereses y gestión de denuncias dentro de tribunales y fiscalías.

Los cuatro países disponen de normas de conducta para jueces y reglas éticas destinadas a fiscales.

El próximo paso consiste en consolidar herramientas que permitan aplicar esos principios de forma cotidiana.

Según el informe, Costa Rica cuenta con instancias de asesoramiento ético tanto en el poder judicial como en la fiscalía.

El reporte plantea la posibilidad de que los sistemas de justicia de la región complementen las normas vigentes con estructuras institucionales que faciliten su cumplimiento, identifiquen riesgos y resguarden a quienes comuniquen irregularidades.

Costa Rica reúne los cuatro mecanismos relevados por la OCDE Costa Rica figura como el único de los países centroamericanos y caribeños incluidos en el análisis que dispone de los cuatro instrumentos evaluados: normas de conducta para jueces, asesoramiento ético en el poder judicial, normas para fiscales y un órgano consultivo en la fiscalía orientado a prevenir y administrar riesgos de integridad.

Esta combinación ofrece canales de consulta para casos concretos y favorece la aplicación de las disposiciones éticas.

La OCDE señala que las normas obtienen mejores resultados cuando existen instituciones que orientan a los funcionarios, supervisan su aplicación y definen respuestas ante eventuales incumplimientos .

La experiencia costarricense también integra el grupo de países con medidas de protección para denunciantes en el ámbito judicial y fiscal.

Para la OCDE, estas garantías contribuyen a preservar la confidencialidad y a reducir los riesgos de represalias.

Guatemala y Honduras pueden complementar sus códigos con instancias de consulta En Guatemala y Honduras, el informe registra normas de conducta para jueces y fiscales.

La creación o consolidación de órganos de asesoramiento ético en el poder judicial e instancias consultivas en las fiscalías podría ampliar la capacidad institucional para abordar riesgos vinculados con conflictos de intereses, regalos u otras situaciones que puedan afectar la imparcialidad.

Los códigos existentes constituyen una base para ese desarrollo.