Súper RIGI estancado en el Senado: no habrá acuerdo si la Rosada no acepta las exigencias de los aliados

Con la semana más o menos cantada de antemano en el Senado -sin recinto ni demasiado apuro en comisiones- y parte de una abultada agenda ya liberada durante las últimas tres sesiones que realizó el pleno de la Cámara alta, el Gobierno y, en particular, el Ministerio de Economía, tienen en sus manos la definición del proyecto de Súper RIGI -inversiones por más de USD 1.000 para industrias del futuro- ante aliados que ratificaron que, sin cambios extra, no habrá ley .

El trámite de la iniciativa fue normal hasta que, antes de activar el pase hacia la firma de dictámenes -a comienzos de septiembre pasado-, aterrizó un puñado de objeciones del PRO, la UCR y el peronismo disidente, que demandaron proteger los insumos nacionales .

“No estoy en contra de la importación de insumos, pero no hay dimensión de los que ocurrió con el RIGI en los últimos meses.

Se está yendo de las manos ”, deslizaron a Infobae desde una bancada que suele acompañar al Ejecutivo.

La queja principal vino del lado del radical Maximiliano Abad (Buenos Aires), el peronista no kirchnerista Carlos Espínola (Corrientes) y el jefe del PRO, Martín Goerling (Misiones), quienes exigieron ampliar el término “precio/calidad”.

Añadieron, para evitar el efecto contrario, que el valor “no supere en más de un 15% el precio comparable de la oferta de origen extranjero” en igualdad de condiciones.

En aquella ocasión, al no tener un guiño desde Balcarce 50, la líder de los senadores oficialistas, Patricia Bullrich (Capital Federal), sólo validó los cambios anticipados relacionados con el 20% a favor de bienes locales y que las inversiones por más de USD 1.000 millones que plantea el articulado de la Casa Rosada reaseguren la “capacidad de conexión al sistema eléctrico” y un esquema de abastecimiento para cubrir la demanda máxima, sin afectar la seguridad del sistema .

Al venir de Diputados, eventuales modificaciones harían regresar el texto a la Cámara baja, en segunda revisión.

Para verificar la oferta, los legisladores sugieren que la potencial autoridad de aplicación establezca “un mecanismo de consulta con entidades empresarias representativas de los sectores productivos involucrados, a fin de verificar la existencia de proveedores locales con capacidad efectiva para atender los requerimientos del proyecto en condiciones competitivas de precio, calidad, cantidad, especificaciones técnicas y plazos de entrega, con carácter previo a determinar la inexistencia o insuficiencia de oferta nacional”.