Semana clave en la causa Sueños Compartidos: exponen las defensas de Julio De Vido, José López y los hermanos Schoklender

En el Tribunal Oral en lo Federal N° 5 continuará esta semana con la etapa de alegatos de las defensas en el juicio por presuntas irregularidades en el programa de viviendas sociales Sueños Compartidos , financiado con fondos del Estado.

En las próximas audiencias expondrán las defensas del ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala y de los otros imputados santiagueños, como Carlos Castellano y Daniel Freidin .

Luego continuarán los abogados del exministro Julio De Vido , de José López y de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender .

En la última audiencia, la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó seis años de prisión para los Schoklender, De Vido, López y Fatala, mientras que para el resto de los imputados solicitó cuatro años de cárcel, además de la inhabilitación perpetua para cargos públicos y el decomiso de los bienes secuestrados.

José López y Julio de Vido cuando eran funcionarios. (Foto: DyN - Tony Gómez - Archivo) El veredicto, a cargo de los jueces Adriana Palliotti, Adrián Grünberg y Ricardo Basílico , se estima para septiembre u octubre.

La causa investiga el presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales entre 2005 y 2011 .

Según la acusación, esos recursos fueron canalizados a través de adjudicaciones directas y con condición de exclusividad a la Fundación Madres de Plaza de Mayo , que administraba el programa.

Qué dice la acusación El fiscal Velasco pidió seis años de prisión para los Schoklender, De Vido, López y Fatala.

Para los exfuncionarios provinciales de Santiago del Estero Daniel y Silvia Nasif , Carlos Castellano y Claudio Freidin , por otro lado, solicitó cuatro años de cárcel.

Velasco acusó a los imputados de haber montado un “esquema criminal” para desviar fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales.

Según la acusación, entre 2008 y 2011 se desviaron más de 206 millones de pesos de los 900 millones asignados por el Estado Nacional a la Fundación Madres de Plaza de Mayo durante la primera presidencia de Cristina Kirchner.

Leé también: El Gobierno asegura que está cerca de conseguir los votos para suspender las PASO y buscará darle media sanción en septiembre El fiscal sostuvo que “nada era gratis.

Todo se pagaba, pero nada se cumplía, todo era una pantalla” .

El fiscal denunció que los imputados utilizaron la Fundación para eludir los controles estatales habituales, otorgaron beneficios irregulares a los administradores, realizaron modificaciones de obras sin justificación y extendieron de manera ilícita los plazos de ejecución.