Honduras acumula más de 15 mil quejas por vulneraciones a los derechos de las mujeres

Los registros del Comisionado de Derechos Humanos (CONADEH) correspondientes al período 2016-2025 muestran que las vulneraciones denunciadas abarcan distintos ámbitos de los derechos de las mujeres .

Del total de quejas recibidas, 6.291 estuvieron relacionadas con la integridad personal, 5.269 con situaciones que pusieron en riesgo la vida y 4.298 con el acceso a la justicia y el debido proceso legal.

Joselin Padilla , coordinadora de la Defensoría de la Mujer del Conadeh — Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras —, explicó que las amenazas de muerte representan el 69% de los registros vinculados con el derecho a la vida.

Entre las situaciones reportadas también figuran el desplazamiento forzado interno y externo, una consecuencia que puede obligar a las mujeres a abandonar sus hogares ante situaciones de riesgo.

Las denuncias incluyen, además, violencia doméstica, malos tratos, agresiones físicas y psicológicas, intimidación y lesiones, de acuerdo con la información proporcionada por el organismo.

En las vulneraciones relacionadas con la integridad personal, el 65% de las quejas señala a particulares, mientras que el 35% corresponde a actuaciones atribuidas a autoridades , según los datos.

Dentro de las denuncias relacionadas con instituciones públicas, un 15% está vinculado con actuaciones de la Policía Nacional y centros penitenciarios.

Padilla señaló que el 90% de las quejas relacionadas con vulneraciones al derecho a la vida corresponde a hechos atribuidos a particulares .

Esta situación, según el organismo, refuerza la importancia de mejorar las acciones de prevención y los mecanismos de protección para las mujeres expuestas a amenazas.

Los datos reflejan que las denuncias no solo están relacionadas con agresiones, sino también con las respuestas institucionales ante situaciones que pueden poner en peligro la integridad y la vida de las víctimas.

Sin acceso a la justicia De las 4.298 quejas relacionadas con el acceso a la justicia y el debido proceso legal recibidas entre 2016 y 2025, el 85% corresponde a actuaciones atribuidas a autoridades .

Entre los principales problemas reportados figuran la negativa a recibir denuncias, los retrasos procesales y otros obstáculos para acceder a la justicia.

Estas situaciones pueden dificultar la investigación de los hechos y limitar la posibilidad de que las víctimas obtengan protección oportuna.

Padilla advirtió sobre la necesidad de que las instituciones respondan con diligencia, especialmente cuando existen amenazas que podrían derivar en formas más graves de violencia.