Gobierno reveló el alcance del Decreto 1382: así podrán moverse recursos para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto

La reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto tendrá nuevas herramientas para afrontar las dificultades financieras derivadas de la emergencia.

El Gobierno nacional expidió el Decreto 1382, una norma que amplía temporalmente las posibilidades de las administraciones locales para disponer de recursos, obtener liquidez y atender las necesidades generadas por el desastre.

Entre las medidas previstas aparece la posibilidad de que las autoridades territoriales recuperen cartera y modifiquen temporalmente las condiciones de algunas obligaciones tributarias.

Las entidades podrán permitir el pago de deudas por cuotas y sin intereses, además de adoptar decisiones sobre capital, intereses y sanciones de acuerdo con las competencias que tienen asignadas.

También se contemplan alivios para los contribuyentes afectados.

Las administraciones podrán flexibilizar, de manera temporal, las condiciones para conceder exenciones relacionadas con los impuestos predial, de industria y comercio y de delineación urbana.

El decreto establece además mecanismos para disponer anticipadamente de una parte de los ingresos que todavía no son recaudados.

Los territorios podrán anticipar hasta el 10% de determinados recursos futuros provenientes de impuestos territoriales, siempre que el dinero se destine a proyectos directamente vinculados con la emergencia y con la reactivación.

Otra de las disposiciones está relacionada con el manejo del presupuesto local.

Las asambleas y los consejos podrán reorientar rentas, rendimientos y excedentes que no estén comprometidos.

La medida permite reasignar recursos que normalmente tienen una destinación específica, aunque se mantienen intactas las asignaciones establecidas por la Constitución; esta facultad no será permanente.

Podrá utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2027 y únicamente para responder a las consecuencias ocasionadas por el evento sísmico.

Las decisiones que adopten las autoridades estarán sujetas a los controles correspondientes sobre el uso de los recursos públicos.

El Gobierno también habilitó la contratación de créditos de Tesorería para cubrir faltantes de liquidez y financiar gastos de funcionamiento e inversión.