Jueces y fiscales muestran su preocupación por la decisión del Supremo en la ley de nietos

Madrid, 12 sep (EFE).- Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han mostrado este sábado su "honda preocupación" por la resolución del Tribunal Supremo de suspender las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) por la vía de la llamada ley de nietos.

El Tribunal Supremo considera que el "incremento extraordinario" del censo electoral de españoles residentes en el extranjero (CERA) por la ley de nietos -408.262 electores desde las elecciones generales de 2023- y una instrucción posterior, genera "un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral".

Por eso, aplican esta medida cautelar -la suspensión de estas nuevas altas- tras detectar un "riesgo de alteración del censo electoral por la vía de un incremento excepcional de la cifra de nuevos inscritos en el CERA, que afecta también a su regularidad jurídica".

Así lo señala el alto tribunal en dos autos en los que acuerda suspender cautelarmente, como pidieron Iustitia Europa y Vox, las altas en este censo de los nacionalizados españoles a partir de esta ley de nietos, que se aplica a los hijos y nietos de los españoles que se exiliaron por la Guerra Civil y la dictadura franquista.

En un comunicado, ambas asociaciones de jueces y fiscales se alinean con el voto particular discrepante de esta medida cautelar emitido por la magistrada María Alicia Millán Herrandis, que destaca que los recursos interpuestos no se dirigen a las inscripciones en el censo CERA, sino a una decisión de la Junta Electoral Central (JEC), que en julio dijo que no era competente para analizar reclamaciones al respecto.

Por todo, Jueces para la Democracia y la Unión de Fiscales progresistas piden que el Tribunal Supremo resuelva "a la mayor celeridad posible" los recursos y que las administraciones implicadas ofrezcan una "información clara y accesible" a las personas afectadas sobre su situación.

"Hacemos un llamamiento para que el debate público sobre esta cuestión se desarrolle con serenidad, sin convertir el censo electoral ni a las personas afectadas en objeto de confrontación partidista", concluye el comunicado.

EFE