Ministro de Justicia pidió investigación tras las denuncias de Eva Ferrer por narcotráfico y tráfico de armas en contra de Verónica Alcocer: “Es delicado”
El ministro de Justicia, Iván Cancino, afirmó que las acusaciones formuladas por Eva Ferrer contra la ex primera dama Verónica Alcocer y personas de su entorno deberán ser investigadas por las autoridades competentes.
Ferrer, exasesora de Alcocer y exconsejera presidencial en Colombia, hizo los señalamientos en una entrevista con la revista Semana .
Sus denuncias incluyen presuntos viajes en aeronaves oficiales entre Colombia y Venezuela, con supuesto traslado de dinero en efectivo, drogas y armas.
También mencionó el supuesto ingreso al país de USD 2,5 millones sin declarar después de uno de esos viajes, en enero de 2023.
Además, denunció posibles influencias en nombramientos y contratos de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ProColombia, Ecopetrol y el Banco Agrario.
La exfuncionaria aludió a supuestos aportes no reportados a la campaña presidencial de 2022, vínculos de personas cercanas con operaciones financieras irregulares y episodios de presunto maltrato a funcionarios atribuidos a Alcocer.
“ Todo lo que se denuncie, independientemente de quién sea, pues tiene que haber una investigación.
Ahí respetamos nosotros absolutamente la autonomía de la Fiscalía y la Fiscalía será la que tendrá que comunicarles a ustedes el resultado de eso ”, declaró Cancino ante la prensa.
Al ser consultado sobre el presunto uso de aeronaves oficiales, el ministro señaló que las versiones deben examinarse bajo las garantías del debido proceso.
“ Lo que se oye es delicado, pero hay que mirar el debido proceso, las condiciones, que la Fiscalía y Procuraduría ya han anunciado alguna indagación y el país estará expectante.
El Gobierno también estará muy listo a mirar qué encuentran las autoridades y los entes de control ”, afirmó.
Las denuncias de Ferrer fueron difundidas por Semana y no constituyen hechos probados judicialmente.
La Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría deberán establecer si existen elementos para avanzar en las investigaciones.
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