La fiscalía pidió avanzar con nuevas pruebas sobre la militante que compró el departamento ubicado debajo del de CFK

Un fiscal concluyó que las nuevas denuncias sobre bienes y nivel de vida de María Soledad Calle , la sindicalista que compró el departamento de abajo de Cristina Kirchner , serían “distintas aristas” de una única maniobra delictiva original.

Ante ello, dictaminó que el juez del caso ya está en condiciones de ordenar las medidas de prueba que considere necesarias en torno a estas nuevas acusaciones.

Calle, empresaria y militante de La Cámpora, es investigada junto con el sindicalista Abel Furlán en una causa judicial por presunta administración fraudulenta de fondos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Quedó en la mira esta semana luego de la revelación periodística del diario La Nación vinculada a la compra de un departamento en San José 1111, ubicado debajo del de la ex presidenta, quien cumple allí la condena a seis años de prisión en la causa Vialidad, con arresto domiciliario y tobillera electrónica.

Una misma maniobra original En un dictamen que entregó al juzgado este lunes, el fiscal federal Ramiro González interpretó que “los nuevos sucesos ventilados serían distintas aristas de la maniobra original , por lo que se encontrarían comprendidos en la hipótesis delictiva oportunamente delimitada, consistente en presuntos actos de administración fraudulentos a la hora de gestionar fondos concernientes a la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOMRA) ”, según el texto al que tuvo acceso Infobae.

Los imputados “habrían violado sus deberes y perjudicado los intereses confiados al gestionar de manera infiel el manejo de los fondos”.

La fiscalía no consideró ahora necesario ampliar la acusación porque los nuevos hechos ya están comprendidos dentro del abanico de posibles delitos que se mencionaron en marzo pasado, cuando se impulsó la pesquisa radicada en la fiscalía federal de Eduardo Taiano , quien está de licencia y es reemplazado por González.

Con esta decisión, el juez Ercolini quedó habilitado a ordenar -si lo considera necesario- nuevas medidas de prueba, entre ellas las que pidieron los denunciantes.

El magistrado dispuso desde marzo diferentes medidas, incluido el allanamiento a la sede de la UOM , a raíz de la firma de un contrato “perjudicial”.

Según la denuncia, Furlán cedió el control financiero de los recursos a una empresa privada vinculada a Calle a cambio de una retribución desproporcionada y sin contraprestación equivalente.

La denuncia fue impulsada por opositores de Furlán que aportaron en los últimos días a la Justicia informes sobre 114 viajes internacionales que hizo Calle entre 2010 y 2026 a destinos como Uruguay, Brasil, España, Estados Unidos, Francia y México.