Congreso Nacional de Honduras aprueba usar dinero incautado para financiar seguridad

El Congreso Nacional aprobó una reforma a la Ley de Privación de Dominio que modifica el uso de los recursos incautados durante procesos judiciales y abre la posibilidad de destinarlos al financiamiento de instituciones encargadas de la seguridad pública, la investigación criminal y la administración de justicia.

El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano , defendió la modificación bajo el argumento de que permitirá proporcionar más recursos a las entidades estatales que combaten la criminalidad.

Sin embargo, durante la discusión también surgieron cuestionamientos sobre la administración de esos fondos , la necesidad de establecer controles y las garantías para devolver el dinero cuando la resolución judicial favorezca a la persona a quien se le incautó.

Uno de los principales cambios planteados consiste en permitir el uso de los recursos antes de que concluya el proceso judicial, bajo un mecanismo que, según Zambrano, contempla la intervención de la Secretaría de Finanzas para garantizar la restitución cuando corresponda.

El debate gira, por tanto, en torno a dos aspectos: la disponibilidad de fondos para las instituciones públicas y la protección del patrimonio de las personas sometidas a procesos de privación de dominio.

Distribución de los fondos De acuerdo con el desglose presentado por Zambrano, los recursos se repartirían entre siete instituciones estatales mediante porcentajes establecidos en la reforma.

La distribución anunciada es la siguiente: 25% para la Secretaría de Defensa, 25% para la Secretaría de Seguridad, 15% para el Ministerio Público, 15% para la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ), 10% para la Oficina Administradora de Bienes Incautados ( OABI ) y 5% para la dirección de inteligencia y la Agencia Nacional contra el Crimen Organizado .

Zambrano sostuvo que la reforma busca dotar de herramientas legales y recursos presupuestarios a las instituciones responsables de enfrentar la criminalidad.

El presidente del Congreso también explicó que el dinero incautado permanece bajo administración de la OABI , en cuentas de la banca privada o del Banco Central de Honduras ( BCH ).

La modificación permitiría utilizar esos recursos conforme a los procedimientos que se establezcan para su distribución.

No obstante, la información divulgada sobre la aprobación no precisa el monto total de dinero que estaría sujeto al nuevo mecanismo ni cuánto recibiría cada institución durante su aplicación.

Zambrano afirmó que la Secretaría de Finanzas quedará como respaldo para devolver el dinero cuando una sentencia de privación de dominio sea favorable a la persona afectada.

Según su explicación, la restitución deberá realizarse dentro del plazo que establezca la normativa y con los intereses que correspondan conforme a la ley.