La administración Trump propone una tarifa de más de USD 100.000 para trabajadores con visa H-1B

La administración de Donald Trump propuso una nueva tarifa de USD 103.265 para las visas H-1B destinadas a trabajadores extranjeros altamente calificados.

La medida afecta a sectores como tecnología e ingeniería , donde la demanda laboral suele superar la oferta disponible, y llega mientras la Casa Blanca intenta sostener por vía regulatoria un cargo previo de USD 100.000 que la Justicia frenó por considerarlo ilegal.

El nuevo cobro todavía no está vigente .

Forma parte de una regla propuesta por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que será publicada en el Registro Federal este martes 25 de agosto y deberá atravesar un proceso regulatorio antes de quedar firme.

La tarifa alcanzaría a las peticiones sujetas al límite legal de 85.000 visas anuales , incluidas 20.000 reservadas para trabajadores extranjeros con maestrías u otros títulos avanzados obtenidos en Estados Unidos.

Quedarían fuera las solicitudes exentas del cupo, entre estas, muchos puestos en universidades e instituciones de investigación sin fines de lucro o estatales.

El antecedente judicial del cargo previo La medida se diferencia de una orden ejecutiva de 2025 que impuso un cargo de USD 100.000 a ciertas contrataciones H-1B desde el exterior y que luego fue anulada por un tribunal federal.

El 8 de junio de 2026 un juez federal de Massachusetts concluyó que el Gobierno no tenía autorización del Congreso para imponer esa suma y sostuvo que se trataba de un impuesto, no de una simple tarifa administrativa.

Más tarde, en julio, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos rechazó suspender la orden que había invalidado ese cobro .

La regla nueva muestra que el gobierno mantiene su decisión de aplicar una carga económica de esa magnitud al programa.

Cómo se repartirían los fondos El texto oficial detalla cómo se distribuiría la recaudación del nuevo cargo.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos recibiría cerca de USD 3.000 millones y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración , oficina que supervisa los tribunales de inmigración, unos USD 2.960 millones.

En tanto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos obtendría alrededor de USD 1.050 millones, el Departamento de Trabajo cerca de USD 1.210 millones, el Departamento de Estado unos USD 484 millones y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos aproximadamente USD 76 millones.

El DHS sostiene que esos fondos financiarían adjudicaciones migratorias, detección de fraude, controles de seguridad nacional, fiscalización laboral, revisión de visas, operaciones de tribunales migratorios y sistemas biométricos vinculados con la frontera.