Llaryora rechazó los recortes en discapacidad que impulsa el Gobierno en el Presupuesto 2027: "Los derechos de las personas no desaparecen"

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora , rechazó este domingo que el proyecto de Presupuesto 2027 contemple cambios que afecten el financiamiento y la cobertura de las prestaciones para personas con discapacidad.

“No vamos a acompañar ningún recorte del presupuesto nacional que afecte estos derechos”, sostuvo el mandatario provincial en un posteo en su cuenta de X.

En su mensaje, Llaryora afirmó que las prestaciones, los traslados y las terapias no pueden depender de la situación económica de las familias ni de su lugar de residencia.

También solicitó a los diputados y senadores nacionales por Córdoba que rechacen una eventual reducción de recursos para el área.

El gobernador señaló que la provincia trabaja con cerca de 350 organizaciones y gobiernos locales para sostener la red de atención.

“Las necesidades de las personas no desaparecen, y sus derechos tampoco”, expresó, al advertir sobre las consecuencias de un retiro del Estado nacional en el financiamiento de las políticas de discapacidad.

El planteo se produjo luego de que el Gobierno nacional enviara al Congreso una iniciativa que incluía modificaciones a la Ley de Emergencia en Discapacidad y al régimen de prestaciones básicas.

Tras las críticas de bloques aliados y de organizaciones del sector, fuentes oficiales anticiparon que el capítulo cuestionado será reemplazado en la discusión legislativa.

La propuesta remitida al Congreso modificaba aspectos centrales de la Ley 24.901 , que regula desde 1997 el sistema de prestaciones básicas de atención integral para personas con discapacidad.

Entre sus puntos principales, planteaba eliminar los valores universales del Nomenclador de Prestaciones Básicas , que funciona como referencia para obras sociales, empresas de medicina prepaga y prestadores.

El cambio habilitaba a que cada cobertura o jurisdicción estableciera valores diferenciados.

Además, el esquema previsto reemplazaba la actualización mensual de aranceles por una revisión trimestral a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

El texto también retomaba el criterio de pensión por invalidez laboral para acceder a una pensión no contributiva, con un haber equivalente al 70% de la jubilación mínima.

En esa versión, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) dejaba de ser una vía directa de acceso al beneficio y se establecía la incompatibilidad entre la pensión y el empleo formal o el monotributo.