Renovación Popular propone ley que castigue con cárcel a quienes hagan “apología del delito” durante crisis política

El diputado de Renovación Popular Aldo Bravo Quispe presentó un proyecto de ley que busca crear el delito de “apología al delito agravado” y sancionar con hasta seis años de prisión a quienes promuevan o legitimen conductas violentas durante una crisis política o conflicto social.

La iniciativa ha encendido las alertas entre especialistas en libertad de expresión, quienes advierten que su amplia redacción podría afectar el ejercicio del periodismo.

La propuesta, registrada como Proyecto de Ley N.° 00043-2026-2031-CD y presentada el 17 de agosto, también plantea modificar el artículo 46 del Código Penal para agravar la pena cuando estas conductas se realicen mediante medios de comunicación, plataformas digitales, manifestaciones o actos de difusión .

Bravo difundió la iniciativa en sus redes sociales a través de un video en el que recopiló expresiones de distintas figuras públicas durante escenarios de tensión política.

Entre ellas incluyó al ex primer ministro y exministro de Pedro Castillo, Aníbal Torres , quien en 2022 advirtió que “correrán ríos de sangre” ante un eventual escenario de crisis política y salida del entonces presidente.

El diputado también citó una declaración de la periodista Rosa María Palacios , realizada en 2025 durante las protestas de la denominada Generación Z contra el gobierno de Dina Boluarte, cuando explicó que una bomba molotov podía elaborarse con combustible y un trapo, y que este “no es un arma”.

Otro de los casos mencionados corresponde a la periodista Claudia Cisneros , quien este año, en medio de la tensión política por los resultados electorales, afirmó que “las calles arderán” ante un eventual escenario en el que el fujimorismo “cocine fraude”. ¿Qué propone el proyecto de ley? Según se lee en el nuevo artículo 316-B, que se busca incorporar al Código Penal, se pretende establecer que sea sancionado quien, mediante cualquier medio de comunicación, plataforma digital, manifestación o acto de difusión, “promueva, solicite, señale, aliente, justifique o legitime” el empleo de artefactos explosivos, incendiarios, sustancias peligrosas u otros medios capaces de afectar la vida, la integridad física, la seguridad ciudadana o el patrimonio.

La pena propuesta es de cuatro a seis años de prisión , siempre que la conducta genere un riesgo “en tiempos de crisis política y/o conflicto social”.

En caso de que el autor sea funcionario o servidor público, o utilice su cargo o función para cometer el delito, la iniciativa plantea además una pena de inhabilitación.

El proyecto también establece como agravante que el hecho sea cometido por determinadas personas cuando utilicen medios de comunicación o plataformas digitales.