Remax logra una victoria contra el colegio inmobiliario porteño, en un guiño desregulador

La pelea entre RE/MAX Argentina y el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba) sumó un nuevo capítulo.

El Tribunal de Defensa de la Competencia multó a la entidad porteña por $ 290 millones al considerar que utilizó sus facultades para perjudicar a los profesionales que trabajan bajo el sistema de franquicias de la compañía.

La resolución también ordenó poner fin a las prácticas discriminatorias contra los corredores vinculados a RE/MAX y otras organizaciones similares.

Además, recomendó al Gobierno nacional evaluar cambios en los requisitos para ejercer la actividad , incluida la posibilidad de que la matrícula profesional deje de ser obligatoria.

La decisión responde a una denuncia presentada en 2021 por RE/MAX Argentina y diez corredores asociados a la marca.

En aquel momento, acusaron a Cucicba de obstaculizar su trabajo mediante sanciones, restricciones administrativas y exigencias que no estaban previstas en la legislación.

Según determinó el Tribunal, el colegio abusó de su posición dominante , ya que es el único organismo autorizado para otorgar, suspender o cancelar las matrículas profesionales en la Ciudad de Buenos Aires.

Por qué multaron al colegio de corredores inmobiliarios El cuestionamiento se remontan a 2016, cuando Cucicba comenzó a dictar distintas resoluciones que, según Defensa de la Competencia, establecieron restricciones contra quienes trabajaban bajo el sistema de franquicias.

Uno de los principales cuestionamientos fue la cantidad de expedientes disciplinarios iniciados contra los profesionales vinculados a RE/MAX.

Aunque representaban menos del 2% de los matriculados en la Ciudad, concentraron el 20% de las causas disciplinarias iniciadas desde 2016.

En 2022 el Colegio abrió 27 expedientes contra corredores de RE/MAX y 12 contra el resto de los profesionales.

En ese momento, la red inmobiliaria tenía 76 matriculados en la Ciudad, frente a un total de más de 7000.

El Tribunal identificó 23 solicitudes de matriculación rechazadas y al menos otras 34 declaraciones juradas observadas o rechazadas a corredores vinculados a la franquicia.

Estas decisiones les impidieron acceder a determinados servicios del colegio, entre ellos el sistema Fidelitas -un sistema de control y seguimiento de la actividad de los corredores inmobiliarios-.