Exgobernador de Santander Nerthink Aguilar fue imputado por presuntas irregularidades en la construcción de un colegio en Suaita

La Fiscalía General de la Nación imputó al exgobernador de Santander Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado por presuntas irregularidades relacionadas con la planeación, contratación y ejecución de un proyecto para construir un colegio con énfasis agrícola en Suaita, Santander.

La actuación está relacionada con un contrato financiado con recursos de regalías, cuyo valor inicial fue de $15.280 millones .

De acuerdo con el ente investigador, posteriormente se aprobó una adición de $6.500 millones, mientras que la obra permanece suspendida desde febrero de 2024.

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exmandatario los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros .

Aguilar Hurtado no aceptó los cargos.

Fiscalía cuestiona la compra del predio para el colegio Según la investigación, los hechos se remontan a marzo de 2021, cuando Aguilar Hurtado, entonces gobernador de Santander, autorizó la compra por $551 millones del predio donde se proyectaba construir la institución educativa.

La Fiscalía sostiene que el terreno presentaba condiciones que comprometían la viabilidad del proyecto.

Entre ellas estaban la existencia de fuentes hídricas, bosque nativo y una servidumbre de redes eléctricas por 30 años.

Antes de avanzar con el proyecto, un arquitecto de la Secretaría de Infraestructura habría advertido sobre las dificultades que presentaba el terreno.

Pese a ello, el proceso continuó hasta la contratación de las obras.

El contrato fue suscrito el 7 de diciembre de 2022, después de que el entonces gobernador delegara su firma.

Para la Fiscalía, los estudios y diseños disponibles estaban incompletos, no contemplaban las licencias ambientales requeridas y el presupuesto tampoco incluía la totalidad de las obras necesarias.

Contrato recibió una adición de $6.500 millones El contrato establecía que el contratista debía verificar la viabilidad del predio y asumir los costos de las modificaciones que fueran necesarias.

Sin embargo, en octubre de 2023 solicitó una adición por $6.500 millones, que posteriormente fue aprobada.