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La batalla judicial de la otra ‘Maricarmen’ para obtener plaza en una residencia: Madrid solo la considera mayor y no dependiente con un 72% de discapacidad

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La batalla judicial de la otra ‘Maricarmen’ para obtener plaza en una residencia: Madrid solo la considera mayor y no dependiente con un 72% de discapacidad

‘Maricarmen’ (nombre ficticio que elige su familia para que no sufra represalias y en homenaje a la vecina fallecida que fue desahuciada ) tiene 73 años, una discapacidad intelectual, física y sensorial severa (del 72%) y un grado II de dependencia.

También vive una situación de especial vulnerabilidad social y económica: es huérfana y no cuenta con más apoyo familiar que el de su hermano José Manuel, de 65 años, su tutor legal.

Ambos, José Manuel y ‘Maricarmen’, han iniciado una guerra judicial para poder obtener una plaza en una residencia especializada, porque el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso solo la considera una persona mayor, no dependiente.

De momento, la familia ha ganado la primera batalla.

Un juzgado de lo Social de Madrid ha estimado su recurso y en una sentencia fechada el pasado 14 de septiembre sentencia que la Comunidad de Madrid “ vulneró su derecho a la igualdad al derivarla automáticamente a una red de recursos para mayores, sin valorar su condición de persona con discapacidad intelectual”.

La jueza determina que la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales discriminó a la demandante al usar su edad como criterio automático de exclusión del circuito residencial especializado en discapacidad intelectual.

Condena además a la administración a pagar 10.000 euros por daño moral y ordena repetir el proceso de su valoración y revisar de nuevo el Plan Individualizado de Atención (PIA) teniendo en cuenta los informes técnicos, sanitarios y psicológicos, que recomiendan ese recurso especializado para ‘Maricarmen’.

Su drama, como todos, tiene contexto.

Tras más de 17 años en Castilla y León en distintos centros especializados en discapacidad intelectual, en abril de 2025, de común acuerdo con su hermana, José Manuel solicitó el traslado de su expediente de dependencia a la Comunidad de Madrid para poder estar más cerca de ella y prestarle un apoyo más cercano y cotidiano.

Paralelamente, contrató una de las pocas plazas privadas disponibles en una residencia para personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento prematuro.

Apoyada por su hermano, ‘Maricarmen’ afrontaba esta nueva etapa con cierta esperanza.

“En la nueva residencia se ha integrado rápidamente y ha conocido a Alejandro, de 75 años.

Desde entonces comparten la vida diaria: se acompañan, se cuidan, pasean juntos y han construido una relación afectiva que les da estabilidad y sentido.

Para cualquiera puede parecer normal; para ellos ha sido una conquista enorme”, explica José Manuel.

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