Un sapo que se creía extinto podría frenar la construcción de una carretera en los Andes ecuatorianos

La ruta que une a unas 7.000 personas de Angamarca , en los Andes de Ecuador , con la costa atraviesa laderas y páramo.

Su ensanche quedó bajo cuestionamiento judicial porque la ampliación de una carretera pasa por el único hábitat conocido del sapo arlequín jambato .

El caso enfrenta la necesidad de una vía para comunidades con dificultades de traslado , sobre todo ante urgencias médicas , con la protección de una especie de la que quedan pocos ejemplares.

El litigio se presentó en nombre del animal, amparado por los derechos de la naturaleza que reconoce la Constitución ecuatoriana .

National Geographic informó que un tribunal superior concedió en febrero una acción de protección a favor del jambato y ordenó detener las obras en el sector afectado.

La acción de protección es un mecanismo constitucional que busca una respuesta inmediata ante una posible vulneración de derechos.

La demanda cuestionó los resguardos ambientales de la obra La disputa comenzó en 2024 , cuando el Gobierno Provincial de Cotopaxi aprobó el ensanche de la única carretera de acceso al valle del río Angamarca.

La cobertura señaló que los trabajos incluyen remoción de tierra y explosiones.

Voluntarios y la Alianza Jambato advirtieron que los escombros caían hacia el río.

En septiembre de 2024, la Alianza Jambato y la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente , conocida como CEDENMA , solicitaron una medida judicial para detener las obras.

Sostuvieron que el proyecto no tenía resguardos ambientales suficientes y podía afectar el derecho de la especie a existir.

Gustavo Redín , vicepresidente de CEDENMA , explicó a la revista que la organización actuó en representación legal del anfibio.

El reclamo presentó al jambato como un sujeto protegido por las garantías constitucionales de la naturaleza, sin limitarse a una posible afectación de habitantes u organizaciones ambientalistas.

En enero de 2026 , un juez local ordenó suspender los trabajos hasta que el Gobierno Provincial de Cotopaxi demostrara que la construcción no provocaría un impacto ambiental grave .