Vacunatorio VIP: cuando el poder político decide a quién salvar

La causa por el denominado Vacunatorio VIP ingresó en una nueva etapa con el comienzo de las indagatorias el 2 del corriente mes.

Se trata de un avance necesario, aunque lamentablemente tardío, en una investigación que remite a uno de los episodios más deplorables de la gestión de Alberto Fernández .

La primera convocada a declarar fue la médica Lucía Antolini , quien negó las acusaciones.

Su testimonio abrió la serie de audiencias que se extenderán hasta el 9 de diciembre próximo en los tribunales de Comodoro Py.

Lo que la Justicia deberá esclarecer no es un asunto menor.

Durante la pandemia de coronavirus, cuando las vacunas contra el Covid-19 eran un bien tan preciado como escaso y su procedencia digitada mientras toda la población atravesaba una emergencia sanitaria devastadora, hubo personas que accedieron a ellas por fuera de los criterios de prioridad establecidos .

La cercanía con el poder político se convirtió así en una credencial más valiosa que la vulnerabilidad médica o la exposición directa al virus.

La investigación del fiscal Eduardo Taiano apunta a determinar si quienes recibieron aquellas dosis tuvieron participación necesaria en el delito de peculado , es decir, en el desvío o la disposición indebida de bienes que se encuentran bajo la administración de un funcionario público.

En este caso, la acusación sostiene que los beneficiarios contribuyeron a consumar los hechos al aceptar vacunas , pese a saber que no integraban los grupos habilitados para recibirlas en forma prioritaria.

Según el fiscal, esas intervenciones favorecieron el agotamiento de un recurso escaso y privaron de su acceso a personas que tenían una urgencia legítima.

La Justicia deberá establecer las responsabilidades penales, pero la dimensión ética y política del episodio ya excede ampliamente el resultado de las indagatorias .

Mientras médicos, enfermeros y trabajadores esenciales arriesgaban su vida, mientras adultos mayores y pacientes con enfermedades preexistentes esperaban un turno para vacunarse y mientras miles de familias sufrían pérdidas irreparables -producto de la falta de ese insumo clave-, hubo quienes encontraron un vil atajo para obtener aquello que debía distribuirse con criterios sanitarios.

De ningún modo puede aceptarse -como pretenden ser justificados los responsables de semejante despropósito- que lo ocurrido haya sido una mera transgresión burocrática.

Configura un inadmisible quiebre de la igualdad ante la ley frente a una tragedia humanitaria colectiva .